Sandra Díaz, hermana mayor de la defensora oficial Civil de Tartagal, la acusó a ella y a otra de sus hermanas, la concejal Alejandra Paola Díaz, de acopiar, vender y utilizar donaciones con fines políticos.

Las tres mujeres habían recibido numerosas donaciones que fueron acopiadas en un galón de propiedad de la familia y que estaban, originalmente, destinadas a comunidades que padecían la muerte de niños por desnutrición.

El fiscal penal de turno actuó de oficio y pidió al juez de Garantías, Nelso Aramayo, la detención de la edil quien por varios días permaneció alojada en la comisaría de la mujer y luego pasó a cumplir prisión domiciliaria.

El magistrado solicitó también el allanamiento de los fueros de la defensora oficial, Rosa Fabiola Díaz, quien de forma inmediata fue suspendida en su cargo por el Defensor Oficial de la Provincia, Pedro García Castiella.

Una vez suspendida, fue designado en su reemplazo el Defensor Multifuero de Embarcación, Luis Veliz, quien puso en conocimiento la existencia de carpetas sin que se hubiera iniciado trámite alguno. Tras un inventario se confirmó la existencia de 403 casos presuntamente sin tramitar y correspondientes a los años 2014 a 2020. Y del período 2017 a 2020 se observaron 262 casos en condiciones de iniciarse oportunamente, pero sin haberlo hecho.

Entre las causas sin iniciar se encuentran acciones de cuidado personal, peticiones de guarda judicial, tutela, restricción de la capacidad, medidas de protección, pedidos de alimentos o su ejecución de ya regulados, interdictos de recobrar posesión, promociones de divorcio unilateral y bilateral, peticiones de inscripción de nacimiento, defunción, rectificación de partidas, juicios por cobro de pesos, informaciones sumarias, filiación, de régimen de comunicación, impugnaciones a la paternidad, juicios sucesorios, de intervenciones en expedientes de violencia familiar, juicios laborales, medidas autosatisfactivas, pedidos de desalojos, entre muchos otros que consigna la acusación del Defensor Oficial de la Provincia.

El Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo también acusó a la Defensora Oficial Civil del Distrito Judicial Tartagal Rosa Fabiola Díaz, en los términos de los artículos 160 y 165 de la Constitución de la Provincia de Salta y 11 de la Ley 7138, imputándole la comisión de delito común, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es encabezado por el presidente de la Corte de Justicia Guillermo Catalano e integrado por el Juez de Corte Horacio José Aguilar; el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina; el Senador Jorge Pablo Soto, designado por la mayoría de la Cámara de Senadores; la Senadora María Silvina Abilés, designada por la primera minoría de la Cámara de Senadores; el Diputado Esteban Amat Lacroix, designado por la mayoría de la Cámara de Diputados; la Diputada Alejandra Beatriz Navarro, designada por la primera minoría de la Cámara de Diputados; Luis Guillermo López Mirau, abogado de la matrícula designado por la Cámara de Senadores, y Pedro Mellado, abogado de la matrícula designado por la Cámara de Diputados.

A todo esto, la otra hermana acusada, la concejal Alejandra Paola Díaz, pese a estar imputada por el mismo delito y haber pasado más de un mes y medio detenida, nunca fue suspendida ni sancionada, siguió percibiendo normalmente la dieta y actualmente es vicepresidenta del cuerpo deliberativo.