El juez que fue suspendido tras su polémica actuación en la fuga de un peligroso sicario relacionado a un clan narco, inició los trámites jubilatorios y evita el juicio político.
Rechazan el sobreseimiento de concejales que cobraron el IFE
A través de sus defensores, los acusados habían sostenido que no hubo delito y culparon al Estado por fallas en las tareas de control. Tampoco prosperó un pedido de suspensión de juicio a prueba.
SaltaLa jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, rechazó el sobreseimiento solicitado por la mayoría de los acusados de maniobras ilícitas en torno a la percepción indebida del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al cabo de una extensa audiencia de control de acusación que demandó dos días.
La resolución se dictó en el marco del proceso penal que se sigue contra 24 concejales de distintas localidades de la provincia y un empleado del Concejo Deliberante de la comuna capitalina.
De los 25 acusados, 18 lo están por defraudación a la Administración Pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público. La misma imputación recae a los 7 acusados restantes, pero en calidad de tentativa respecto al fraude.
El pedido de sobreseimiento, introducido como cuestión preliminar, fue rebatido por el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien lleva adelante la acusación. También se descartaron otras peticiones defensivas que pasaron por el cambio de calificación y la separación jurisdiccional del caso.
En materia subsidiaria, las defensas solicitaron la suspensión de juicio a prueba, planteo al cual la fiscalía se opuso, en varios casos por la imposibilidad legal de su aplicación y en otros por el carácter sorpresivo de la propuesta y su indeterminación.
Al resolver sobre este punto, la jueza Catalano acompañó al fiscal en sus argumentos y dio por válida la oposición. No obstante, y tras resolverse las calificaciones penales discutidas, el fiscal admitió la posibilidad de analizar cada caso a fin de establecer la viabilidad de dicho beneficio.
A tal efecto, se dispuso suspender la audiencia hasta dos semanas después de concluida la feria judicial, lapso en que las defensas podrán acercar propuestas detalladas y mejoradas a fin de que sean presentadas ante la jueza de Revisión para su homologación, si correspondiere.
“Para el sobreseimiento se requiere certeza negativa y aquí, de acuerdo a la plataforma fáctica y jurídica presentada por el fiscal, no la advierto”, expresó la jueza Catalano, y remarcó que “en el sistema acusatorio, la duda va a juicio”.
La cifra ascendió a 2340 positivos y representa un aumento del 83,2 por ciento respecto a la semana epidemiológica anterior, en la que totalizaban 1277. Los casos de chikungunya son 37.
Durante la renovación, Saeta detectó 27 estudiantes de la UNSa con documentación adulterada con falsedad de datos para obtener el beneficio y 244 que no cumplían con los parámetros mínimos.
Salud Pública recomendó reforzar la prevención para evitar la proliferación de aedes aegypti . A la fecha son 813 los casos notificados de dengue y 19 los casos de chikungunya.
Después de anunciarse las nuevas tarifas de Saeta, en el Boletín Oficial se publicó una serie de restricciones en el uso de las gratuidades para el transporte público.
El Ministerio de Salud Pública volvió a pedir reforzar las medidas de prevención y autocuidado y detalló que hay 50 personas internadas por la dolorosa enfermedad.
La Sala de Impugnación rechazó un recurso presentado por el periodista y ex diputado nacional del PRO. A pesar de su negativa, deberá capacitarse en género y pagar una indemnización.
El operativo se realizó por solicitud de la Policía ya que habían sido colocados por malvivientes para impedir el ingreso de móviles de la fuerza.
La empresa de transporte de pasajeros hizo el pedido ante la Autoridad Metropolitana del Transporte basándose en los índices de inflación del Indec. Aunque podía evitarse, habrá llamado a audiencia pública.
La Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia lanzó un alerta por notificaciones que llegan a través de la aplicación de mensajería, simulando provenir del Ministerio Público Fiscal o Poder Judicial.
Es a partir de la renovación de un convenio, que se firmó entre el intendente, Emiliano Durand, y el ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez. El objetivo es disminuir la tasa de siniestralidad.