"Tememos que se trate de un modo de amedrentar y disciplinar a profesionales que se encuentran llevando adelante prácticas de ILE e IVE (interrupción voluntaria del embarazo), amparadas por la ley en todo el país, por lo que vamos a estar haciendo un seguimiento muy cercano de la intervención judicial y del caso", enfatizó Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

La ley 27610 sancionada por el Congreso nacional en diciembre del año pasado, promulgada el 14 de enero de este año y reglamentada el 14 de agosto último, garantiza el acceso a la IVE hasta la semana 14 de gestación, y a la Interrupción legal del embarazo (ILE) por causales: peligro para la vida, para la salud de la mujer o violación.

Gómez Alcorta señaló que la médica "está imputada por llevar adelante una práctica de interrupción legal del embarazo (ILE) a una joven que prestó su consentimiento libre e informado para realizarla" y que el Ministerio "se encuentra recibiendo y analizando información sobre la causa".

En base a la información que hasta ahora tiene el organismo "es posible afirmar que el delito que se le imputa a la profesional es el que se encuentra tipificado en el artículo 85, párrafo 2 del Código Penal que prevé una pena muy leve, por lo que, a priori, la detención resultaría absolutamente irrazonable e injustificada", añadió la ministra antes de que la justicia de Salta decidiera liberar a la médica.