La jueza federal de Garantías Nº2 Mariela Giménez ordenó la prisión preventiva de dos hombres investigados por sembrar y cultivar marihuana, en línea con la imputación planteada por el fiscal general Eduardo José Villalba. Además, la magistrada dictó el embargo preventivo de la propiedad donde se descubrió la plantación, en respuesta a lo manifestado por la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi, de la PROCUNAR NOA.

A diferencia de otras numerosas causas, esta vez no se difundió la identidad de ninguno de los dos detenidos.

De acuerdo a la investigación, el 4 de febrero de este año se realizaron tres allanamientos por parte del Escuadrón 53 de Gendarmería Nacional y del Grupo Operativo Conjunto NOA. Además de la detención del hijo del dueño de la finca y de un cuidador de la propiedad, se secuestraron en el lugar más de diez mil plantas y plantines de marihuana, así como también 75 kilos del mismo estupefaciente.

En la audiencia realizada este lunes, la auxiliar fiscal sostuvo que la investigación comenzó en julio de 2021 a partir de la denuncia de un ganadero, que reconoció la plantación al recorrer los límites de la finca, ubicada en el límite de la provincia de Salta con Jujuy. A partir de allí, se llevaron adelante distintas medidas de prueba con el objetivo de identificar a los responsables de haber montado el predio de siembra y cultivo.

La representante del MPF explicó que se pudo determinar que el cultivo tenía una extensión de una cuadra, con más de 2500 plantas en tierra y con ejemplares que habían alcanzado una altura de dos metros. Como estaban camuflados entres arbustos y árboles, no podían ser advertidos fácilmente. En otro sector, se había construido un galpón abierto donde se realizaba la primera etapa de la siembra.

En ese lugar se encontraron más de 7.500 plantines, semillas y un sector de secado, además de recipientes con insecticida y fertilizantes y mochilas de fumigado y regado. También se localizaron garrafas con pantallas de calor, un grupo electrógeno, picadoras de vegetales, prensas y otros elementos utilizados tanto para el cultivo como para el fraccionamiento y compactación de la droga, pues en un recipiente se descubrieron tres ladrillos de marihuana.

Por otra parte, en los allanamientos a los domicilios particulares de los acusados se secuestraron aproximadamente un millón de pesos y teléfonos celulares. En la casa del cuidador del campo se hallaron paquetes con marihuana y semillas de cannabis sativa. Además se incautaron dos armas de fuego, una camioneta, un automóvil y dos motocicletas.

Al momento de exponer sobre la prisión preventiva de los dos implicados, la auxiliar fiscal sostuvo que existía un claro peligro de fuga. Resaltó además que podría existir un entorpecimiento de la investigación ya que aún falta que se lleven adelante medidas probatorias, como peritajes a la droga y a los teléfonos secuestrados, así como la posible identificación de otros posibles involucrados.

Hizo mención también a la expectativa de pena pues, de llegar a una condena, la misma no sería de ejecución condicional. Al pedido de prisión preventiva, la fiscal le sumó la solicitud del embargo preventivo de la propiedad ante un posible decomiso. Para ello, fundó su pedido en la verosimilitud del derecho, el cual entendió probado por la materialidad del hecho, lo cual surge de los propios elementos secuestrados y la responsabilidad de los imputados. Consideró que la demora en dictar una medida podría ser aprovechada para la enajenación del inmueble.

Al momento de resolver, la jueza Giménez dio por formalizada la investigación penal, en línea con los argumentos esgrimidos por la fiscalía, a los cuales le agregó la responsabilidad del Estado Argentino de investigar esta clase de hechos, compromiso asumido a través de acuerdos internacionales. Por este motivo, dictó la prisión preventiva, hizo lugar al embargo de la propiedad y autorizó los peritajes requeridos por la fiscalía.