
El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, se presentaron en la Alcaidía General luego del siniestro que dejó internos y guardias lesionados.
Tras fracasar los pedidos de nulidad y los pedidos de sobreseimiento, el ex policía y actual diputado provincial Gustavo Orozco irá a juicio por vejaciones agravadas.
Policiales


El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, fue notificado por el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro sobre la elevación a juicio de la causa que involucra a otros dos policías compañeros de Orozco de la fuerza de seguridad provincial.


La Fiscalía Penal de Derechos Humanos había formulado requerimiento de juicio en contra de Gustavo Orlando Orozco, Rubén Darío Medina y Denis Arnaldo Coronel, por el delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, por un hecho ocurrido el 3 de febrero de 2015, en perjuicio de un vecino de Rosario de la Frontera.
Entre los considerandos, para sostener la negativa al recurso de nulidad presentado por el defensor del imputado Orozco y los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa de todas las partes, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González estimó que no corresponden por tratarse de un hecho de gravedad institucional, que podría acarrear responsabilidad internacional del Estado si no se dilucida en la audiencia de debate.
Según consta en la investigación, las actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia radicada por un vecino en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, debido a agresiones físicas. El denunciante fue víctima de un episodio a la salida de un festival al que había asistido en el Complejo Deportivo Municipal de la Candelaria, recibiendo un trato denigratorio y humillante, físico y verbal.
Orozco ostenta el cargo de diputado provincial desde 2017, cuando apoyado por Alfredo Olmedo con Ahora Patria, llegó a la banca. Fue reelecto en 2021 y hoy integra el bloque Gustavo Sáenz Conducción.

El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, se presentaron en la Alcaidía General luego del siniestro que dejó internos y guardias lesionados.

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Una investigación por la muerte de una mujer de 25 años derivó en una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de la capital salteña. La justicia sospecha que la víctima consumió drogas facilitadas por los detenidos.

La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.

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