Sobre la captación del agua, el Ente Regulador fijó límites para que los desarrolladores privados no extraigan más agua que la autorizada por la Secretaría de Recursos Hídricos según las disponibilidades de las fuentes, y también se impone la instalación de caudalímetros para evitar los excesos que afectan las fuentes, sobre todo en período de verano.

Se ordena, también, que se presenten protocolos de potabilización del agua, como también cronogramas de controles y realización de análisis para garantizar la salud de la población de esas urbanizaciones.

En la misma línea, se dispuso que los operadores de estos servicios sanitarios paguen un seguro de responsabilidad, garantizando a los usuarios cobertura indemnizatoria en caso de eventuales siniestros.

Para ello el órgano de control creó el Registro Único de Operadores de Servicios Públicos Sanitarios (RUOSPS) en donde los desarrolladores y barrios privados deberán inscribirse y se ha fijado un período de transición de un año para que se regularicen situaciones que afectan a más de 50 urbanizaciones en toda la Provincia, pero que se concentran en los departamentos de Capital y el Valle de Lerma.

El ENRESP trabajó en el marco de la crisis hídrica de inicios de 2022 donde se detectaron abusos en la captación y uso del agua; ausencia de consorcios o personas jurídicas que se responsabilicen por los servicios que vienen prestando sin autorización y, también, se puso en evidencia la falta de pago por la prestación de estos servicios de los residentes de barrios con alto poder adquisitivo. La etapa previa a la firma de estas resoluciones incluyó un proceso participativo donde referentes de los sectores público y privado analizaron la problemática y compartieron los criterios ordenados.

El presidente del Ente, Carlos Saravia, afirmó que “a partir de ahora los que operan el agua potable y los desagües cloacales tendrán reglas claras y serán controlados porque los excesos de algunos provocan la escasez de otros. Es notoriamente injusto que los que tienen más solvencia económica y viviendas con alto consumo no paguen tarifas, mientras que los vulnerables estén obligados a abonar a Aguas del Norte por el servicio, a veces deficiente. Esto se va a revertir. Por supuesto, trabajamos generando consensos y fijando un plazo de transición de un año. La demora del Estado, y del Enresp en particular, ha sido parte del problema y no es justo solamente cuestionar al privado”.