
El hombre se encuentra acusado del homicidio culposo de una mujer y las lesiones graves de otras dos personas por un hecho ocurrido sobre la ruta nacional 34.
Después de una larga investigación, allanaron tres viviendas y lograron la detención de un hombre y una mujer que están acusados de numerosas estafas con planes de viviendas sociales.
PolicialesUn hombre y una mujer fueron detenidos en el marco de un operativo a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) en el que fueron allanados tres domicilios del macro centro y barrio Floresta de la capital salteña y barrio Los Paraísos de Cerrillos.
Como resultado del procedimiento fueron secuestrados dinero en efectivo, contratos, celulares y otros documentos de interés para la investigación que lleva adelante la titular de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.
La intervención de la UDEC inició a raíz de denuncias efectuadas por distintas personas que aseguraron que habían sido estafados por los detenidos. Aseguraron que entregaron importantes sumas de dinero a cambio de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta.
El modus operandi denunciado por las víctimas fue similar en casi todos los casos. Uno de los hombres se contactaba con la víctima y le aseguraba que tenía contacto en el IPV para la entrega de una vivienda. Solicitaba importantes sumas de dinero y le enviaba, a través de un cadete, una carpeta del IPV con la información de la vivienda adquirida. Luego, solicitaba, más dinero para el Plan Conectar, aduciendo que así la casa contaría con conexión de gas y electricidad.
Pasado el tiempo y viendo que la vivienda no era entregada, las víctimas se contactaban con los ahora detenidos, quienes contestaban que se encontraba demorada la entrega.
Al presentarse en el IPV, las víctimas –que a su vez habían referido a otros conocidos para la adquisición de viviendas- descubrieron que todo se había tratado de una estafa por lo que radicaron denuncias.
La fiscal Salinas Odorisio realizó una investigación de las denuncias, se identificó los domicilios de los detenidos a través de análisis de geolocalización de los mensajes y llamadas realizadas a las víctimas y se requirió informe al IPV. Una vez reunidos los elementos necesarios, la fiscal Penal de UDEC requirió al Juzgado de Garantías 1, orden de allanamiento, detención de los involucrados y secuestro de distintos elementos de interés para la causa.
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