
El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, se presentaron en la Alcaidía General luego del siniestro que dejó internos y guardias lesionados.
La estructura se basaba en préstamos ilegales de dinero, según la Policía Federal. La narcousura funcionaba en las ciudades de Orán, Tartagal y Pichanal.
Policiales


La Policía Federal Argentina desarticuló en el departamento de Orán una organización dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico y su inserción en el sistema legal a través de préstamos usurarios de dinero y de créditos sin garantías por muebles.


La causa tuvo su origen a principios de corriente año, cuando la Justicia Federal encomendó tareas investigativas a fin de desentramar la maniobra ilícita llevada a cabo por esta organización, relacionada con micropréstamos y venta callejera de muebles y préstamos de efectivo.
La modalidad del lavado consistía en el otorgamiento a título de venta de muebles y préstamos de dinero en efectivo. Estas deudas eran financiadas en cuotas a personas económicamente vulnerables, y a una exorbitante tasa de interés, la cual debían saldar en cortos plazos. Cuando entraban en mora o no se cumplían, se les exigía de forma violenta a los deudores escrituras sobre lotes o terrenos, o papeles de automotores, los cuales quedaban prendados como garantía.
Con el avance de la investigación se determinó que los prestamistas actuaban en un marco de total ilegalidad, no exigían -al principio- garantía de ningún tipo y entregaban el dinero o muebles rápidamente, pero se cercioraban de que las personas posean algún bien, mueble o inmueble de valor a su nombre, a fin de asegurarse la ejecución de la deuda contraída, luego.
Se pudo identificar que la estructura criminal contaba con un orden jerárquico y de funciones establecidas. Unos -dice la fuente- se presentaban frente a los damnificados como "los vendedores". Generalmente se mostraban amables y empáticos para captar a los clientes, a quienes hacían firmar los préstamos prendarios ilegales. Luego la investigación individualizó a "los cobradores", quienes se caracterizaban por sus rasgos violentos con los deudores, a quienes por medio de amenazas hacían efectivo el cobro de la acreencia. Por último la Policía Federal logró identificar a "los administradores/financistas", los cuales llevaban la contabilidad informal, distribución y reinversión del dinero o bienes obtenidos de los intereses usurarios de los microcréditos que otorgaban en principio sin garantías. Estos financistas, además, se encargaban de la fabricación/adquisición de muebles para darle desarrollo al ciclo criminal con una actividad al parecer fachada del verdadero negocio, el lavado de divisas procedentes del narcotráfico.
Personal policial de la División Antidrogas de Orán y el Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PF lograron el secuestro de documentación de interés como ser cédulas parcelarias y títulos de automotores que la organización les retenía a los clientes como garantía para que estos abonen las cuotas pactadas. También se secuestró folletería de propaganda de los otorgamientos de préstamos y agendas con anotaciones donde llevaban el registro contable de todas las transacciones, elementos estos que logran corroborar de manera indubitable las maniobras ilícitas investigadas.
También se procedió al secuestro de una suma millonaria, tanto en moneda nacional como extranjera, vehículos y motos de alta gama obtenidos con los dineros malhabidos, en casi veinte allanamientos ejecutados de manera simultánea en las ciudades de Orán, Pichanal y Tartagal. También se logró la detención de aproximadamente diez personas perfectamente identificadas en la estructura criminal desarticulada por la fuerza nacional en esas localidades de la frontera norte del país.

El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, se presentaron en la Alcaidía General luego del siniestro que dejó internos y guardias lesionados.

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