
El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Delitos Económicos, a partir de la denuncia de una persona que vinculó la mercadería con una presunta maniobra de clientelismo político.
Un día después de haberse dictado la sentencia contra el actual jefe comunal, el exintendente Ignacio Vicente Condorí fue condenado por incumplimiento de los deberes.
SaltaInédito. El martes, la justicia condenó al intendente de Animaná, José Rolando Guaimás, por haber usado materiales y maquinarias de la Municipalidad para construir una casa propia, y 24 horas después, fue condenado Ignacio Vicente Condorí por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En ambos casos, quedaron inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas y en el caso de Condorí fue sentenciado a dos años de prisión de ejecución en suspenso.
Cómo surgió la investigación
La investigación comenzó a partir de la denuncia formulada por el jefe comunal del municipio ubicado en el departamento San Carlos, José Rolando Guaimás (quien el martes fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua por ser autor del delito de peculado), por un hecho ocurrido durante 2015, cuando Condorí ejercía el cargo de intendente.
Según consta en las actuaciones, Guaimás fue intimado en marzo de 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para informar sobre el subsidio institucional, destinado a financiar el equipamiento del Centro de Integración Comunitaria. Debía remitir documentación respaldatoria de la inversión.
Ante la inexistencia de los fondos o constancias, Guaimás citó a Condorí, quien primero desconoció el dinero referido, luego aceptó la existencia de constancias de retiro del Banco y sugirió al denunciante que “el problema podía solucionarse contablemente, sin que saliera a la luz de los medios o se hiciera una denuncia penal, devolviendo el dinero y asentando como que nunca había salido del municipio”, lo que fue rechazado por el intendente. Finalmente, Condorí reintegró el dinero, para lo cual se labró un acta.
El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Delitos Económicos, a partir de la denuncia de una persona que vinculó la mercadería con una presunta maniobra de clientelismo político.
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El Concejo capitalino aprobó modificaciones a la Ordenanza 14.530 y, de esta manera, los deudores alimentarios no podrán autorizar inscripciones y realizar habilitaciones, entre otras acciones.
"La obra más importante de la gestión prevé una inversión de $162 mil millones y representa 22 kilómetros de conectividad, desarrollo y seguridad", aseguró el Gobernador.
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