El Gobernador de Salta y parte del equipo de trabajo con el que viajó al norte quedó aislado en un paraje de Rivadavia mientras realizaban tareas de asistencia en comunidades afectadas por la crecida.
Condenaron a un exintendente por quedarse con plata municipal
El exjefe comunal de Iruya, Alfredo Soto, fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por cobrar cheques del municipio e irregularidades en el manejo de planes sociales.
Salta
Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio condenaron a Alfredo Daniel Soto (49) a la pena de cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua por resultar autor penal y materialmente responsable del delito de peculado (dos hechos), en concurso real, en perjuicio de la Municipalidad de Iruya.
Los jueces ordenaron la inmediata detención de quien ejerció la intendencia desde 2015 hasta el 2019 por la modalidad de la pena dictada y a los fines de cautelar la ejecución de la misma. Dispusieron su traslado a la unidad carcelaria local.
En el mismo fallo, Soto resultó absuelto del delito de estafa por el que había sido imputado por la parte querellante, por no mediar acusación.
La lectura del veredicto se llevó a cabo en la localidad de Iruya, adonde se trasladó el tribunal para recibir las últimas pruebas testimoniales de vecinos del lugar.
El tribunal colegiado estuvo integrado por los jueces Javier Aranibar (presidente), Martín Pérez y Leonardo Gabriel Feans (vocales). Por el Ministerio Público intervino la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. La defensa de Soto estuvo a cargo de Nilda Emilse Garnica. Por la parte querellante intervino Eliana Verchan, en representación de la Municipalidad de Iruya.
La causa
Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.
La fiscal Salinas Odorisio sostiene que el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya, emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000, que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por siguiente gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad de Iruya.
En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC considera que el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43.
Según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del exintendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.
De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. La Fiscal estimó que los montos, actualizados al valor de hoy, alcanzarían aproximadamente los 100 millones de pesos.
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