
Por malversación de fondos, la justicia lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sólo deberá cumplir reglas de conducta.
Diputados aprobaron en definitiva el proyecto que prevé la prórroga – por el término de 2 años – de la emergencia que se declaró hace una década.
SaltaEn sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó, en definitiva, el proyecto que prevé la prórroga de la Emergencia Pública en Materia Social por la Violencia de Género en todo el territorio salteño.
“Es una realidad dolorosa que afecta a todas las mujeres”, aseguró la diputada Mónica Juárez al momento de informar sobre el proyecto.
Explicó que los datos en Salta son alarmantes ya que las denuncias crecen día a día y que, de hecho, el exministerio de las Mujeres de la Nación – disuelto por la Administración nacional libertaria – expuso un informe donde la provincia estaba en los primeros puestos en cuanto algunas situaciones graves.
Así, señaló Juárez, el estudio marcaba que el 62% de las encuestadas en la provincia había sufrido violencia doméstica por parte de sus parejas; a nivel nacional, este número llega al 45%.
“A ningún legislador le agrada prorrogar”, destacó la diputada, y recordó que en Salta los femicidios son – casi - moneda corriente; “entendemos que es política de Estado de este gobierno seguir trabajando para erradicar la violencia y la prórroga le facilita al Ejecutivo tomar todas las acciones pertinentes con tal fin y la asignación de partidas consecuente. Enviamos un mensaje claro de que en Salta no toleramos la injusticia”, concluyó.
“Algo no se está haciendo bien. No es que el gobernador no haya hecho nada, pero seguimos con la problemática y las estadísticas de femicidios al límite”, aseguró el diputado Juan José Esteban al momento de su alocución.
“No podemos darles solución y creo que ese es el planteo que debemos hacernos”, finalizó Esteban.
Esta medida fue declarada por el Gobierno provincial en el 2014 a través de la Ley 7.857, la última ampliación vence este mes y con la nueva prórroga el estado de emergencia llegará a los 12 años.
Entre algunos de los avances de la Ley en emergencia por violencia de género, la legislatura destacó que fue fundamental el trabajo en el interior por parte de las Áreas de la Mujer de los municipios y que las mujeres tuvieron mayor cercanía con la Justicia porque formalizaron denuncias por violencia de género.
Por malversación de fondos, la justicia lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sólo deberá cumplir reglas de conducta.
En redes sociales, el Gobernador de Salta insistió en la “necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”.
La intervención de la Fisclaía de Delitos Económicos Complejos se originó a partir de declaraciones del ministro de Salud, quien señaló posibles anomalías en tratamientos y reportes de pacientes con hemofilia.
Los ingresantes de la Universidad Nacional que hasta el lunes no hayan renovado su beneficio en las terminales de autogestión de SAETA, perderán la gratuidad hasta tanto cumplan con ese trámite.
Actualmente son 582 los pacientes en proceso de inscripción. Una persona que dona sus órganos o tejidos puede salvar hasta ocho vidas.
El Senado de la Provincia votó a favor del pliego de Pablo López Viñals como integrante de la Corte de Justicia de Salta, cargo que ejerció desde 2019 hasta el 17 de mayo 2025.
Los ingresantes de la Universidad Nacional que hasta el lunes no hayan renovado su beneficio en las terminales de autogestión de SAETA, perderán la gratuidad hasta tanto cumplan con ese trámite.
La intervención de la Fisclaía de Delitos Económicos Complejos se originó a partir de declaraciones del ministro de Salud, quien señaló posibles anomalías en tratamientos y reportes de pacientes con hemofilia.
En redes sociales, el Gobernador de Salta insistió en la “necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”.