
Por malversación de fondos, la justicia lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sólo deberá cumplir reglas de conducta.
La presidente del Copaipa se pronunció sobre la intervención que decidió la Municipalidad en la administración del Mercado San Miguel y bregó por la seguridad interna.
SaltaDespués del incendio y las irregularidades detectadas en el Marcado San Miguel, la Municipalidad de Salta decidió avanzar con una intervención y la ingeniera y presidenta electa del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines dijo que es una oportunidad para ajustar las normativa "entendiendo que el lugar presentaba falencias y buscando garantizar la seguridad edilicia e interna".
Así lo señaló Marianela Ibarra y recordó primeramente que desde esta entidad bregan por la seguridad pública, en aquellos sitios de uso público donde cualquiera pueda hacer acceso.
Dicho esto indicó que en la revisión que hacen de un inmueble, se apuntan a tres cuestiones, la parte sísmica, la de electricidad y la de seguridad e higiene. “Es obligación de las autoridades que estas verificaciones se lleven a cabo; es oportunidad para el mercado que se adapte a norma y que cumpla, como se pide a cualquiera”, espetó Ibarra.
Asimismo y recordando el incendio del pasado 6 de noviembre, la titular del COPAIPA reiteró que la oportunidad de puesta en valor y seguridad será con la reconstrucción, para “que el mercado cumpla con las normas, que claramente no estaba perfectamente habilitado en su momento”.
“Es oportunidad para que se evite en el futuro un incidente de igual o mayor peligrosidad para la gente”
Por último y sobre la apertura del mercado a cielo abierto, lo cual se autorizó este lunes, Ibarra fue cautelosa por cuando, si bien entiende la contingencia o la necesidad por la época, “por el Consejo no pasó ningún pedido de habilitación; espero que no sea permanente, estas cosas asustan, por cuanto lo provisorio se vuelva permanente”, concluyó.
Por malversación de fondos, la justicia lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sólo deberá cumplir reglas de conducta.
En redes sociales, el Gobernador de Salta insistió en la “necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”.
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