
Ocurrió en el Colegio Secundario N° 5176 de Villa Esmeralda de la capital salteña. El menor ingresó al aula de 1° año profiriendo insultos y amenazas.
Después de haber sido condenado a 12 años de prisión, la justicia salteña confirmó que el 29 de mayo comenzarán las audiencias por las estafas cometidas en Generación ZOE.
PolicialesLos jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio tendrán a su cargo a partir del 29 de mayo de 2025 la audiencia de debate seguida contra Leonardo Cositorto y sus socios salteños, acusados como coautores de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita, en concurso real.
El líder de la financiera Generación Zoe está imputado por ambos delitos junto a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.
El tribunal estará integrado por los jueces Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans (vocales). Por el Ministerio Público intervendrá la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. La defensa de los imputados estará a cargo de Sandra Domene (Cositorto) y Fernando Díaz Zabalaga (tres Vilardel y Albornoz). El juicio se desarrollará de 9.30 a 14.30 y está previsto que se extienda hasta el 27 de junio.
Según consta en la causa, la financiera Generación Zoe -que tenía sede en Salta- comenzó a ser investigada en 2022 a partir de múltiples denuncias de ahorristas que aseguraban haber sido estafados.
Se logró determinar que Cositorto lideraba una empresa que operaba a través del denominado esquema Ponzi: atraía inversores con la promesa de una rentabilidad muy elevada: entre el 7,5% y el 10 % mensual, alcanzando el 120 % anual. Pero la ganancia prometida no procedía de las actividades financieras y comerciales que promocionaba Generación Zoe, sino de los fondos frescos depositados por nuevos inversores.
Ocurrió en el Colegio Secundario N° 5176 de Villa Esmeralda de la capital salteña. El menor ingresó al aula de 1° año profiriendo insultos y amenazas.
La intervención de la fiscalía se produjo a partir de una noticia criminis. Esta incluye un video filmado por uno de los vecinos, en el que se observa un acto de maltrato animal.
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