En Cafayate quieren cobrar un "impuesto al turista"

La ordenanza fue aprobada por amplia mayoría en la última sesión del Concejo Deliberante. Fue presentada como una "eco-tasa" de 12 unidades tributarias, es decir 50 pesos por cada visitante.
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La iniciativa resulta tan insólita como polémica. En la última sesión del pasado jueves los concejales de Cafayate aprobaron, casi por unanimidad, una ordenanza que dispone el cobro de un impuesto a los visitantes que quieran llegar hasta esa localidad del Valle Calchaquí. "Eco-tasa" la denominaron. Con el voto positivo de seis de los siete ediles, la normativa quedó aprobada.

La medida dispone, entre otras cosas, que el cobro de la "eco-tasa" se efectuará a través de un control ubicado en la ruta nacional 68, a la altura de La Punilla, donde se exigirá el pago de 12 unidades tributarias (50 pesos) por cada persona y otras 12 UT por cada vehículo. Si los vehículos tienen capacidad para más de 10 pasajeros, el cobro será de 24 UT. En caso de más de 20 pasajeros, se aplicará el cobro de 48 UT.

Si bien se establece que la tasa está dirigida a las empresas de turismo que lucren con los visitantes y que no tengan domicilio fiscal en Cafayate, un artículo apartado indica también que el impuesto se cobrará a los vehículos particulares y a cada uno de los pasajeros mientras dure la pandemia.

En sus consideraciones, el tributo se fundamenta en la capacidad de los municipios de fijar tasas, pero en la ordenanza no se indica quien será el órgano de control y fiscalización de los ingresos ni tampoco quien cobrará ese impuesto.

El pretendido cobro de la “eco-tasa” que impulsan los concejales cafayateños se efectuará sobre la ruta nacional 68, y allí radica un problema de orden jurisdiccional federal.

El concejal que presentó el proyecto es Facundo Guzman, del Frente para la Victoria. Quien lo impulsó en el recinto es Cristian Avellaneda. Curiosamente ambos ediles tienen negocios de gastronomía frente a la plaza del pueblo.

Sin entrar en consideraciones políticas y analizando la perspectiva de la ordenanza y su marco legislativo, se pueden observar varias fallas que escapan a la facultad constitucional de los municipios para fijar sus propias tasas impositivas.

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