Lona se encuentra imputado en delitos que van desde homicidio agravado, en perjuicio de más de 20 víctimas, como así también por tormentos y privación ilegítima agravada en perjuicio de más de 70 personas.

Este 6 de agosto, alrededor de las 11 y a través de una audiencia remota coordinada por la Oficina Judicial, el ex juez federal, Ricardo Lona escuchó la acusación que pesa en su contra en la denominada causa 627, a través de la cual es investigado por una decena de delitos de lesa humanidad.

Bajo la dirección del juez Federal de Jujuy 1, Esteban Eduardo Hansen, quien actuó como juez subrogante en el expediente seguido por el Juzgado Federal 1 de Salta, la audiencia se inició con la identificación del acusado, tras lo cual el magistrado, a partir de distintos dictámenes que conforman la acusación, la cual es dirigida por el fiscal Carlos Amad, inició la indagatoria.

El juez enumeró los delitos imputados a Lona, los cuales surgen de 29 causas que se siguen por hechos cometidos antes y durante la última dictadura militar, los que tienen como víctima a 79 personas.

Al momento de responder por los hechos, Lona se abstuvo de declarar, aunque hizo una referencia general respecto a la causa en cuestión, tras lo cual solicitó que se remitan copias de las acusaciones en su contra a sus abogados defensores.

En esta nueva causa Lona se encuentra imputado en delitos que van desde homicidio agravado, en perjuicio de más de 20 víctimas, como así también por tormentos y privación ilegítima agravada en perjuicio de más de 70 personas.

También refirió otros delitos, como el de lesiones, allanamiento ilegal, violaciones, prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes, omitir y retardar o rehusar hacer cesar una detención ilegal o dar cuenta de la misma, entre otros.

Todos estos hechos, agregó, revisten una notoria gravedad no sólo por el daño sufrido por las víctimas, muchas de las cuales perdieron la vida y otras fueron sometidas a otros tormentos, sino también por la violación sistemática de garantías constitucionales que afectaron el estado de Derecho en los años de la dictadura militar.