Cazón ampliará la imputación contra el exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, acusado de la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en base a nuevos hechos documentados a través de información recibida el 6 de noviembre pasado y remitida por el funcionario de la intervención municipal, Diego Argañaraz. El funcionario del equipo del comisionado interventor Adrián Zigarán, aportó documentación que precisa que  Prado no informó el destino de los aproximadamente $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos), que habría recibido entre el 11 y 31 de diciembre de 2019, durante el primer tramo de su gestión

Entre otros ítems, Argañaraz también adjuntó documentación referida a las partidas COVID-19 recibidas por el exintendente Prado, desde mayo pasado, por un total de $9.564.216,79 (nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos dieciséis pesos con setenta y nueve centavos). La documentación adjuntada precisa otros montos repartidos en las partidas trimestrales recibidas durante este año.

El pedido del fiscal al juez interviniente, precisa que el exfuncionario deberá clarificar el destino de aproximadamente $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos), destino de cada pago, número de beneficiarios y otros detalles que permitan verificar el uso de los fondos públicos; además de gastos estimados en $7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos) de combustible durante la gestión, según surge de los informes trimestrales de gastos qué el exfuncionario remitió al Concejo Deliberante de Aguaray.