Impensadamente, una causa judicial iniciada contra un comisario y cuatro policías por privación ilegítima de la libertad en una zona de pistas de aterrizaje clandestinas condujo a los investigadores rumbo a nuevos datos sobre los vínculos entre funcionarios públicos y grupos narco que acopian la cocaína arrojada desde aviones en el departamento de Anta, en el sur de esta provincia, según información a la que accedió LA NACION.

Todo comenzó el pasado 28 de junio cuando, el comisario Walter Mamaní, respaldado por una patrulla de subordinados, disparó cuatro veces con su arma reglamentaria en un parque de la localidad de Apolinario Saravia y luego secuestró a un joven con quien tenía viejos problemas personales, según los datos que están incorporados en el expediente judicial.

El devenir de la causa -elevada a juicio- confirmó que Mamaní, anteriormente sospechado también de plantar pruebas en el crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, cuyos cadáveres fueron hallados el 29 de julio de 2011, gozaba de libertad irrestricta para cometer crímenes. Pero además, según la acusación, contaba con la asistencia de un funcionario judicial llamado Sergio Dantur -exasesor de un senador provincial- que adelantaba todas las medidas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) para que el policía pudiera armar una defensa a medida.

Tal era el grado de influencia que, según las pruebas obtenidas, Mamaní podía incluso ingresar en la fiscalía a revisar los expedientes que lo tenían como imputado. En un mensaje, Dantur le dijo al comisario bajo sospecha: "Si querés venir a ver las actuaciones, yo las tengo en mi escritorio; decile a Seba que te dé la llave".

Polémicas judiciales

En medio del transcurso de la causa, que comenzaba a desentrañar el vínculo entre los policías y el funcionario judicial Dantur, el juez Luciano Martini, de la Sala I del Tribunal de Impugnación, dictó una resolución para disponer el apartamiento de la fiscal Verónica Simesen de Bielke por "posibles infracciones al Código Penal". Sin embargo, esa medida judicial fue desestimada pocos días después.

De hecho, este intento de apartar a la fiscal de la causa generó fuerte preocupación hacia el interior del Ministerio Público Fiscal de Salta, cuyo titular, el procurador Abel Cornejo, se manifestó en diálogo con la prensa local en muy duros términos sobre este caso que, según dijo, está atravesado por los vínculos del narcotráfico con el poder político y judicial en el sur de Salta.

"Los hechos ilícitos se cometen de una forma más sofisticada que antes. Hay grupos corporativos que quieren mantener ciertas prácticas antiguas. El departamento es el corazón productivo del futuro económico de Salta. Se hicieron inversiones millonarias en materia de tecnología agropecuaria. Pero sabemos que hay problemas muy serios, que el narcotráfico está avanzando y que la frontera se corrió 300 kilómetros al sur. Cuando a los fiscales les cuesta avanzar, los poderes del Estado tienen la obligación de analizar qué está pasando. No podemos ignorar esto", dijo Cornejo, en declaraciones a la prensa.

En la misma línea, la fiscal Verónica Simesen de Bielke comentó a LA NACION: "En esta zona del departamento de Anta nos cuesta muchísimo investigar. En la causa de Mamaní tuvimos un montón de trabas, de presiones políticas. Me amenazaron y dijeron que algo iba a pasar. Sufrimos una serie de embates a los que les debimos hacerle frente. Esta es la situación actual".

Y agregó: "En esta zona circulan muchos camiones desde Paraguay y Bolivia, y es fuerte la presunción del tránsito de droga. Es difícil investigar allí porque el poder lo tienen el cura, el comisario, el intendente. Creo que con la apertura de los teléfonos se encontrarían otros elementos. Este caso es la punta de un ovillo. Hay cosas que podemos encontrar e involucrar otras situaciones. Esto sucede cuando la política se mete en el sistema judicial y no tenemos independencia para investigar con las garantías necesarias".