A escasos días de iniciarse el juicio, la defensa del ex intendente de Aguaray Jorge Prado intentó postergar el inicio del juicio por el robo de caños del Gasoducto GNEA con un planteo de suspensión, el cual fue rechazado sin deliberación y de manera unánime por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por los jueces Abel Fleming (presidente), Gabriela Catalano y Domingo Batule.

La decisión coincidió con lo requerido por el fiscal general Eduardo José Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, de la Unidad Fiscal Salta. El MPF se había opuesto abiertamente a lo que consideró una estrategia dilatoria de la defensa de Prado, principal acusado de las maniobras delictivas que despojaron al Estado Nacional de bienes valuados en sumas millonarias, a través del robo de caños del Gasoducto GNEA.

La audiencia, requerida por la defensa del ex jefe comunal, sorprendió a las partes y al mismo tribunal, pues no es usual el tratamiento de planteos previos al juicio, el cual dará inicio el 24 de junio próximo. En el proceso se juzgará a Prado y a otros nueve acusados por los delitos de defraudación a la administración pública, robo y encubrimiento, entre otras acusaciones.

Tras verificar la presencia de todas las partes, tanto vía presencial como remota (desde Aguaray, Tartagal y Mendoza), la defensa de Prado formalizó ante los jueces el pedido de suspensión del debate, planteo al que luego se adhirieron otras defensas.

Al fundamentar su pedido, indicó que aún se encuentra sin resolución un recurso de queja planteado contra la decisión del juez de Revisión, Alejandro Augusto Castellanos, quien envió a juicio a su cliente y al resto de los acusados en la audiencia de control de acusación, el 8 de abril pasado.

En el proceso se juzgará al exintendente de Aguaray, Jorge “Quique” Prado y a otros nueve acusados por los delitos de defraudación a la administración pública, robo y encubrimiento, entre otras acusaciones.

Sin entrar en cuestiones de hecho, como lo había solicitado previamente el fiscal Villalba a fin de no afectar la imparcialidad del tribunal, el defensor del ex intendente señaló que el tribunal debía esperar, por cuestiones de economía procesal, a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida respecto a la queja.

El defensor agregó que esta medida, a su criterio, era la acertada a fin de no poner en riesgo numerosa prueba presentada para ser desarrollada en el juicio, entre ella las declaraciones de más de 100 testigos. Además, afirmó que la suspensión reclamada no causaría ninguna afectación a las garantías constitucionales de los demás acusados.

“No se pide no hacer el juicio, sino sólo un compás de espera. Lo que buscamos es que se resuelvan todas las cuestiones de derecho, para en el debate tratar las de hecho”, expresó el defensor, a cuyo planteo se adhirieron otros dos defensores.