La investigación penal en torno a la situación de la menor, de 14 años, se originó el 11 de agosto pasado y de oficio, en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, ante la posibilidad de abuso sexual.

En ese marco, y dado que los padres de la niña declararon que convivía con su pareja desde hacía más de un año -un menor de 16 años-; el fiscal penal 2, Rafael José Medina –interino en la Fiscalía de Violencia-, pidió la inmediata intervención de la Asesoría de Menores, del Juzgado de Menores y del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal.

Mientras se diligenciaban las medidas solicitadas por la Fiscalía de Violencia -en el marco de la investigación por la supuesta comisión del delito de abuso sexual-, se produjo la muerte del feto, posiblemente por un cuadro de preeclampsia (caracterizado por presión arterial alta y signos de daños en otros sistemas de órganos, más frecuentemente el hígado y los riñones), y la niña fue intervenida quirúrgicamente. Entonces, se dio intervención a la Fiscalía de Graves Atentados de Tartagal, a cargo del fiscal penal Gonzalo Vega, quien investiga las causas de muerte del feto, para determinar si la preeclampsia fue determinante o se avanza en la hipótesis de una caída, como trascendió públicamente.

La Fiscalía de Graves Atentados solicitó el secuestro de la historia clínica el 11 de agosto pasado, y la medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías interviniente, pero los profesionales del hospital Juan Domingo Perón respondieron que la necesitaban mientras la menor siguiera bajo tratamiento, en terapia intensiva. El fallecimiento de la niña se produjo este martes 17. La orden del secuestro de la historia clínica se hará efectiva este viernes, mientras se llevan adelante otras diligencias tendientes a esclarecer el posible abuso sexual y las causas de muerte del feto y la menor.