Ordenan que vayan a la cárcel los acusados de un secuestro

Las tres personas que habían sido detenidas por el secuestro extorsivo del taxista Carlos Pelegrino Argañaraz, de Salvador Mazza, tuvieron un revés judicial. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, por mayoría, les revocó el arresto domiciliario y ordenaron que sean traslados a una unidad penitenciaria.

El pedido había sido elevado por los auxiliares fiscales de la sede fiscal descentralizada de San Ramón de la Nueva Orán y de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, María del Carmen Núñez y Pedro Rebollo, respectivamente,

El 6 de diciembre pasado, Pelegrino Argañaraz salió con un familiar y su pareja hacia Bolivia. Sin embargo, según el relato de la madre del taxista, Irene Santa Tárraga, horas después se comunicó con sus familiares y le solicitó que reunieran 28 mil dólares, los cuales debían entregar a sus secuestradores.

Los familiares del hombre denunciaron lo ocurrido ante la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de la ciudad de Tartagal, pero, en razón de la competencia federal, las actuaciones pasaron a la órbita de la sede fiscal descentralizada de Orán, a cargo del fiscal José Luis Bruno, quien solicitó la asistencia de la Ufese, que encabeza su colega Santiago Marquevich.

Finalmente, tras dos infructuosos intentos de pagar el rescate, la víctima, de 30 años fue liberada el 10 de diciembre en las inmediaciones del paraje La Estrella, en la ciudad de Orán, a unos 219 kilómetros de la ciudad de Salvador Mazza, donde fue secuestrado.

Las tareas de investigación desplegadas permitieron individualizar a tres personas, una de ellas familiar de la víctima, quienes estaban radicados en la provincia de Neuquén, donde el 15 de diciembre fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia Federal salteña.

Impugnación

En el marco de la audiencia de formalización de la acusación, la defensa de los tres hombres acusados por el secuestro extorsivo solicitó su prisión domiciliaria, la cual fue concedida por el juez de garantías de Orán, Jorge Gustavo Montoya.

Sin embargo, la medida fue impugnada por la representación del Ministerio Público Fiscal. Así, en la audiencia celebrada ayer porla mañana, con la participación de los auxiliares fiscales María del Carmen Núñez y Pedro Rebollo -coordinados por el fiscal Marquevich y el titular de la Unidad Fiscal Federal de Salta, Eduardo Villalba-. Así, la jueza Mariana Inés Catalano y el juez Luis Renato Rabbi Baldi se expresaron en favor de revocar el arresto domiciliario oportunamente concedido a los tres acusados, y ordenaron su traslado a una unidad penitenciaria, donde permanecerán hasta que se resuelva su situación procesal. Por su parte, su colega Guillermo Federíco Elías opinó respecto de mantener la prisión domiciliaria.

“Por favor, me van a cortar un dedo, me van a cortar una oreja, consigan esa plata y páguenle a esta gente, háganlo por mi hijo”, fue el desesperante mensaje que grabó en un video Carlos Pelegrino Argañaraz. El material se difundió el 8 de diciembre del año pasado. El caso conmocionó la frontera caliente entre la República Plurinacional de Bolivia y la Argentina.

En la captación intervinieron tres personas, que mantuvieron secuestrada a la víctima por más de tres horas y luego la liberaron sin que se pagara rescate a más de 10 kilómetros del lugar de donde la secuestraron.

Al tomar intervención en el caso, el fiscal Bruno aplicó los protocolos sugeridos por la Ufese para este tipo de hecho y requirió la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (Dajudeco).

Como consecuencia de ello, y con intervención de efectivos de la Policía de Salta y la Gendarmería Nacional, se realizaron dos allanamientos en domicilios de personas vinculadas con el hecho, medidas que permitieron reunir más postas del caso.

El fiscal Bruno informó en ese momento que los detenidos son familiares entre sí -y uno de ellos, además, es familiar de la víctima- y que están radicados en la provincia de Neuquén, donde fueron aprehendidos a raíz de una serie de allanamientos autorizados por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya.