Tres sujetos fueron detenidos en un importante operativo realizado este miércoles, donde intervinieron más de 50 efectivos, se allanaron siete domicilios y se detuvo a tres personas como sospechosas.
Mandan a juicio a policías por disparar escopetas a la salida de un boliche
Según la investigación, un policía disparó una pistola marcadora al rostro a una persona y le provocó la pérdida de un ojo. Otro usó una escopeta y disparó en el estómago a otro joven.
Policiales
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa en la que tres efectivos policiales con revista en la División Infantería fueron imputados por un hecho ocurrido en diciembre de 2019, a la salida de un baile en la localidad de La Silleta.
El sargento ayudante Sebastián Orlando Estopiñán y el sargento Carlos Alberto Ríos fueron acusados del delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, en calidad de autores.
Por su parte, el cabo Adrián Mauricio Maidana fue acusado de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones graves en concurso ideal.
Del requerimiento, surgió que el 9 de diciembre de 2019, los acusados, a bordo del móvil 1863, llegaron al Complejo La Silleta a realizar el despeje de los concurrentes a un baile y en exceso de sus funciones, habrían efectuado disparos a las personas que se encontraban en el exterior del predio.
En el caso del cabo Maidana, quien portaba arma marcadora, habría disparado al rostro de una víctima, lo que le habría provocado lesión permanente en uno de sus ojos, repercutiendo en el desarrollo normal de la vida de la víctima.
Por su parte, Estopiñán y Ríos habrían disparado con sus escopetas con cartucho a otra víctima, que le habrían provocado lesiones en parte posterior de tórax y abdomen.
En el requerimiento, el fiscal González sostiene que los acusados desplegaron conductas consistentes en causar un daño grave en la integridad física de los damnificados, destacando que “la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de derechos humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le ha sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático”.
Reflexiona el fiscal que “resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos que nos permita identificar y erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícitas”.
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