El Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes, organismo creado por Ley  N° 8024 de la provincia de Salta, cumpliendo con una de sus funciones, presentó esta mañana ante el Ministerio de Seguridad y Justicia un articulado de proyecto de ley orientado a la derogación de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario N° 5639 y sus modificatorias, que data del año 1980. 

La propuesta del Comité se encuadra en un enfoque con base en la normativa vigente y estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, instituyendo al organismo como auxiliar de la administración de justicia con carácter civil, técnico y de seguridad y denominándolo “Servicio Penitenciario y de Reinserción Social y Comunitaria de la Provincia de Salta”. Se establece como misión específica la asistencia, custodia, guarda y tratamiento integral de las personas privadas de libertad, desde una perspectiva de Derechos Humanos, procurando su reinserción social y comunitaria y promoviendo la vinculación con la sociedad.

"El Ministerio de Seguridad de la Provincia conformó comisiones para comenzar a tratar la modificación de la ley orgánica y nosotros (Comité) integramos esas mesas de discusiones. Hoy estamos presentando nuestro aporte desde un enfoque de los DDHH", dijo Rodrigo Solá, integrante del Comité Provincial contra la Tortura. "Proponemos cambiar el nombre para cambiar de máxima toda la estructura y la concepción del encierro y de la guarda por el de reinserción teniendo en cuenta los principios de los derechos humanos, con enfoques de género, diversidad e interculturalidad", dijo el abogado.

Desde esta concepción, las funciones del Servicio Penitenciario y de Reinserción Social y Comunitario, deben respetar los siguientes principios: Trato humano; Prevención y Prohibición de la Tortura y Tratos Inhumanos, Crueles o Degradantes; Igualdad y No Discriminación;  Perspectiva de Género y Diversidad; Interculturalidad; Interdisciplinariedad; y Acceso a la Justicia. 

El Comité contra la Tortura de Salta, recomienda en cuanto a la modificación de la estructura orgánica del Servicio Penitenciario y de Reinserción Social y Comunitaria un cambio de paradigma basado en los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad conforme a las oblaciones asumidas por el Estado Argentino en materia de Derechos Humanos.