En el marco de una audiencia de formalización de la investigación penal, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación requerida por el fiscal Ricardo Toranzos contra Héctor Valdiviezo y su hija Inés por el delito de transporte de estupefacientes.

También por pedido de la fiscalía, el magistrado ordenó la prisión preventiva de ambos acusados y autorizó diligencias pendientes, entre ellas los peritajes de la droga secuestrada y de los chips y teléfonos de los imputados.

Al presentar el caso, el fiscal informó que Valdiviezo y su hija, quienes viajaban en un automóvil Ford Fiesta, fueron detenidos el lunes en el puesto de control de El Naranjo, ubicado sobre la ruta 34, en la ciudad de Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia.

Relató que en el procedimiento, realizado con el control judicial del caso, se descubrió poco más de dos kilos de cocaína oculta dentro de una campera impregnada en combustible. La prenda estaba oculta en un compartimento fabricado dentro del tanque.

El hallazgo de la droga -aclaró el fiscal- no fue resultado de un hecho casual, sino de una minuciosa investigación que el Área de Caso Complejos lleva adelante desde el 6 de junio pasado a raíz de una denuncia anónima, a través de la cual se brindaron datos clave para descubrir el accionar de esta empresa familiar y delictiva.

El fiscal precisó que, bajo la dirección de la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejos, quien contó con la asistencia de la jefa de despacho Ana Gómez Rincón, se iniciaron tareas de campo e inteligencia que permitieron confirmar que los acusados se dedicaban al transporte de droga desde el norte de Salta a las provincia de Mendoza y La Rioja.

Sobre esta hipótesis, el fiscal explicó que se logró verificar el uso de distintos vehículos para viajar al norte salteño, en particular a Salvador Mazza, donde se abastecían de cocaína a través de proveedores del vecino país.

Añadió que, posteriormente, trasladaban el estupefaciente a esta ciudad, para lo cual solían utilizar distintas sustancias, como combustible, para ocultar el olor de la droga de los canes antinarcóticos que suelen ser utilizados en algunos puestos de control.

El fiscal explicó que la droga era acopiada en las viviendas de los acusados, entre ellas tres casas en la zona oeste de aquella ciudad. Precisó que, a su vez, los imputados acondicionaban distintos rodados para seguir con la operación de tráfico, que tenía como destino la región de Cuyo.

El fiscal explicó en la audiencia que durante la investigación se logró verificar el uso de distintos vehículos por parte de los imputados para viajar al norte salteño, en particular a Salvador Mazza, donde se abastecían de cocaína a través de proveedores de Bolivia.

Medidas requeridas

El representante del MPF refirió que, una vez determinada la modalidad delictiva y ante el conocimiento de que padre e hija se disponían a realizar otra operación de tráfico, se programó el control en el puesto El Naranjo de la Gendarmería Nacional, donde efectivamente se encontró la droga y se procedió a la detención de ambos acusados.

Descripto el hecho y enumerada la prueba, la fiscalía formalizó la imputación por el delito de transporte de estupefacientes, tras lo cual solicitó la prisión preventiva de los Valdiviezo, medida que fundó en la naturaleza y gravedad del delito cometido.

Recalcó el riesgo de fuga, el daño en abstracto del bien jurídico protegido, en este caso la salud pública, como también se refirió al entorpecimiento de la investigación, ya que aún restan medidas investigativas pendientes e incluso no se descarta la participación de otros implicados. También remarcó la imposibilidad de que los acusados, en caso de ser condenados, reciban una pena de ejecución condicional.

Frente a este pedido, la defensa presentó oposición y propuso como alternativa el arresto domiciliario de sus defendidos, para lo cual resaltó la conducta de ambos imputados, quienes en ningún momento se resistieron al procedimiento o intentaron darse a la fuga.

Respecto a Inés Valdiviezo, en tanto, invocó el interés superior del niño, dado que es madre de tres hijos menores de edad. Este fundamento, sin embargo, fue rebatido por la fiscalía, que puso en duda la cantidad de niños, pues de una serie de allanamientos realizados en las viviendas de los acusados, se estableció la existencia de dos menores de edad.

Refirió también una serie de acusaciones vertidas por el padre de los niños en cuanto al cuidado y contención por parte de la acusada, con lo cual dejó en dudas la condición esgrimida por la, para finalmente destacar que el otorgamiento de una morigeración de la medida de coerción aparece, en este momento, como prematura, ya que es necesario verificar efectivamente la situación en la que se encuentran los hijos.

Respecto de la acusación penal, el juez Bavio coincidió con la fiscalía, pues indicó que el hecho no fue controvertido por la defensa. Sobre la medida de coerción, en tanto, reconoció el peso del interés superior del niño, aunque, en este caso, compartió con el fiscal el hecho de que restan conocer mayores datos sobre los menores de edad, a fin de poder adoptar una determinación.

En función de ello, el juez declaró la legalidad de las detenciones, dio por formalizada la imputación y ordenó la prisión preventiva de ambos acusados. Autorizó además el plazo de investigación y los peritajes requeridos por la fiscalía.