La Unidad Fiscal compuesta por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y el Fiscal Penal de Tartagal, Pablo Cabot, requirió juicio el 25 de octubre al Juzgado de Garantías 1 contra once personas por enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Por enriquecimiento ilícito están acusados, en calidad de autor, Rubén Méndez Salazar y, como partícipes necesarios a sus hijos Ivanna Irene Méndez y Roque Maximiliano Méndez, su ex pareja Susana Angelita Palacio y la contadora Liliana Cristina Centeno.

En el extenso decreto de requerimiento de juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal, los fiscales consideraron que Rubén Méndez Salazar aumentó considerablemente sus activos patrimoniales mediante la adquisición de un inmueble en Salvador Mazza y diversos rodados de alta gama, todos ellos 0 km; siendo dichas adquisiciones posteriores a la asunción de su cargo, lo cual denotaría una situación anormal considerando sus ingresos legales. La Unidad Fiscal pudo establecer que Méndez Salazar adquirió a título propio y por interpuestas personas los siguientes bienes: 1) vehículo marca BMW, modelo X6 XDRIVE 40I a nombre de Rubén Méndez Salazar, 2) vehículo marca Ford, modelo Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de Ivanna Irene Méndez, 3) vehículo marca BMW, modelo M340I XDRIVE a nombre de Roque Maximiliano Méndez, y 4) vehículo marca Ford, modelo Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de Susana Angelita Palacio.

En cuanto a Centeno, para la Unidad Fiscal, confeccionó las declaraciones juradas que permitió a los encausados Rubén Méndez Salazar, Ivanna Irene Méndez, Roque Maximiliano Méndez y Susana Palacio, adquirir la titularidad registral de los rodados.

Por peculado están acusados, en calidad de autor, Rubén Méndez Salazar; y como partícipes necesarios Jesús Manuel Gijena,  Juan Marco Méndez, Oscar Rodolfo Gutiérrez, Roberto Justo Balverdi, Roque Maximiliano Méndez y Carolina Antonella Moreno.

De acuerdo a las pruebas reunidas por los investigadores de la UDEC, los acusados teniendo a su cargo el manejo y cuidado de fondos públicos conforme las funciones respectivas de cada uno ellos, sustrajeron caudales públicos percibidos en los puestos denominados “VOVE” y “Guandacarenda”, en los que se percibe el pago a cuenta de la “Contribución que incide sobre la actividad comercial, Industrial o de servicios” y el pago de la “Tasa de Reconstrucción de Pavimento – Transporte de cargas” durante el periodo comprendido desde el 01/01/2020 hasta el 13/10/2021, cuyos destinos de las sumas recaudadas e ingresadas a la Tesorería Municipal se desconoce, causando con ello un perjuicio patrimonial al Estado Municipal.

La Unidad Fiscal pudo establecer que Rubén Méndez Salazar dispuso exclusivamente de los fondos municipales recaudados en las unidades de cobro “VOVE” (Arenales) y “Guandacarenda”, que ingresaron a Tesorería, los cuales ascienden a un total de $ 250.509.489,28.

Para concretarlo, designó personas de su confianza en cada uno de los cargos y de las etapas del circuito de ingreso de fondos en los puestos VOVE y Guandacarenda (Juan Marco Méndez como Supervisor de VOVE, Oscar Rodolfo Gutiérrez como Secretario Privado, Roberto Justo Balverdi como Secretario de Hacienda, Roque Maximiliano Méndez como beneficiario, Jesús Manuel Gijena como cobrador del VOVE y Carolina Antonia Moreno como Tesorera). La UDEC estableció que, en función de ello, Rubén Méndez recibió desde el 01/01/2020, hasta el 13/10/2021, fondos provenientes de los puestos VOVE y Guandacarenda por un total de $339.167.373,00, que fue ingresado a Tesorería, y, de ese monto se corroboró que se depositó en la cuenta bancaria de la Municipalidad un 26%, quedando un 74% sin depositar, lo que equivale a $250.509.489,28.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio y el fiscal Pablo Cabot también acusaron de peculado, en calidad de autores, a Rubén Méndez Salazar, Juan Marco Méndez, Roberto Justo Balverdi y Oscar Rodolfo Gutiérrez porque, del entrecruzamiento de datos, documentación secuestrada, informes de AGP y de la pericia contable realizado desde la UDEC se pudo establecer que, desde el 01/01/2020 al 13/10/2021, sustrajeron caudales estatales de la recaudación de las unidades de cobro y de la caja del Municipio Profesor Salvador Mazza, sin efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas, causando con ello un perjuicio patrimonial al Erario Municipal.

Un tercer hecho de peculado también fue endilgado a Rubén Méndez Salazar ya que, según las pruebas reunidas, utilizó el rodado Ford Ranger, perteneciente a la Municipalidad Profesor Salvador Mazza, en beneficio propio y de su grupo familiar con fines particulares, sustrayéndolo de la actividad de la Administración Pública Municipal.

A Méndez Salazar y Roberto Orellana también se les imputa, en calidad de coautores, el delito de peculado de servicios y peculado dado que, según se pudo establecer, ejerciendo su función de ex Intendente y ex Secretario de Obras Públicas, ordenaron en octubre y noviembre 2020 que personal municipal y maquinaria de la Intendencia conviertan un sendero peatonal privado en una calle transitable para que circulen vehículos de transporte de carga con fines comerciales privados, exentos de los controles formales de tránsito internacional.

Por otra parte, Rubén Méndez Salazar, en calidad de autor, e Ivanna Irene Méndez, en calidad de participe necesaria, también están acusados por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, ya que el Municipio efectuó compras de suministro por $ 594.196 con la Carnicería “El Rey”, propiedad de Ivanna, según las pruebas reunidas.

En el requerimiento de juicio presentado por la Unidad Fiscal –que tiene una extensión de 154 páginas- el ex intendente también fue acusado como autor del delito de fraude a la administración pública. De acuerdo a lo registrado por los investigadores de la UDEC, Méndez Salazar suscribió la Resolución Nº 31/20 que autoriza el funcionamiento de la asociación de transporte de carga denominada “Asociación de Fleteros, Transportistas y Afines Emanuel”, integrada con rodados de su propiedad. En función de ello, se detectó que los camiones pertenecientes a Méndez Salazar, pasaban por el puesto de recaudación VOVE, sin pagar la tasa; ello por orden expresa del propio ex Intendente, bajo el pretexto de que luego compensaría esos montos impagos con su liquidación de haberes mensuales.

Méndez Salazar también está acusado de omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales, ya que no cumplió en debida forma con la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales por ante la Escribanía General de Gobierno, a pesar de las intimaciones fehacientes cursadas por el inicio y cese de gestión de 2013 al 2015, por el inicio y cese de gestión 2015 a 2019 e intimación por el inicio de la gestión del periodo 2019.

En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, también le fue endilgado a Méndez Salazar, Balverdi, y Moreno, en carácter de coautores, ya que según pudo determinar la Unidad Fiscal, los acusados, teniendo a su cargo la administración, custodia, cuidado y disposición de bienes y fondos públicos conforme las funciones respectivas que cada uno ellos realizaba en Salvador Mazza, incumplieron en forma reiterada normativa que regula el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal.

Por último, la Unidad de Investigación entiende que se halla suficientemente acreditada la existencia del delito de asociación ilícita en calidad de organizador de Rubén Méndez Salazar; y en calidad de miembros de Ivanna Irene Méndez (hija), Roque Maximiliano Méndez (hijo), Susana Angelita Palacio (ex pareja), Juan Marco Méndez (hermano), Oscar Rodolfo Gutiérrez (ex secretario privado), Jesús Manuel Gijena (cuñado), Roberto Justo Balverdi (ex Secretario de Hacienda), y Carolina Antonella Moreno (Tesorera).

En detalle

1. Rubén Méndez Salazar: Enriquecimiento ilícito (autor); Peculado (tres hechos) en calidad de autor; Peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en calidad de autor; Fraude a la administración pública; Omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; y Asociación ilícita en calidad de organizador.

2. Ivanna Irene Méndez (hija): enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria; Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en calidad de partícipe necesaria y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

3. Roque Maximliano Méndez (hijo): enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesario; Peculado en calidad de partícipe necesario y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

4. Susana Angelita Palacio (ex pareja): enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

5. Liliana Cristina Centeno (contadora): enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria

6. Juan Marco Méndez (hermano de Méndez Salazar): Peculado en calidad de partícipe necesario; peculado en calidad de autor; y Asociación Ilícita en calidad de miembro..

7. Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado de Méndez Salazar): Peculado en calidad de partícipe necesario; peculado en calidad de autor;  y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

8. Jesús Manuel Gijena (cuñado de Méndez Salazar): Peculado en calidad de partícipe necesario; y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

9. Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza): Peculado en calidad de partícipe necesario; peculado en calidad de autor;  y Asociación Ilícita en calidad de miembro.

10. Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza): Peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor.