
En septiembre, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 1.176.852 para no caer debajo de la Canasta Básica Total (CBT).
La medida beneficia a las personas registradas Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a los beneficiarios de pensiones no contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
ArgentinaCerca de cuatro millones de jubilados y pensionados que tenían que realizar periódicamente el trámite de supervivencia o fe de vida dejarán de hacerlo a partir de este martes 25 de julio, que entra en vigencia la Ley 27.721 que elimina ese requisito para el cobro de sus haberes y otros beneficios previsionales.
De esta manera, los 7,3 millones de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los beneficiarios de pensiones no contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pasarán a estar en igualdad de condiciones, ya que unos 3,2 millones estaban eximidos del trámite por sucesivas decisiones de los bancos donde cobran sus haberes.
La fe de vida había sido suspendida transitoriamente en el primer tramo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), al irrumpir en marzo de 2020 la pandemia de coronavirus en Argentina. Pero volvió a ser pedida a partir del 17 de febrero de 2022, aunque con algunas excepciones que tomaron las entidades por razones de edad o disponibilidad de información.
El fin de la "Fe de vida"
La Ley 27.721 fue publicada el 17 de julio en el Boletín Oficial y, tal como establece el Código Civil, si las leyes no especifican en su articulado una fecha de entrada en vigencia, "rigen después del octavo día de su publicación oficial", es decir el martes 25 de julio.
La norma faculta en su artículo tercero a la Anses a "dictar las normas aclaratorias y complementarias pertinentes", que son esperadas por los bancos para la correcta implementación de lo dispuesto en la ley.
De todos modos, de las consultas realizadas por Télam a más de una docena de entidades, se desprende que el cumplimiento de la nueva legislación no representará dificultades, en parte porque cerca del 45% de los jubilados y pensionados ya no deben realizar el trámite y también porque los bancos que atienden al 55% restante ya estaban encaminados a facilitar el cobro de haberes.
En septiembre, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 1.176.852 para no caer debajo de la Canasta Básica Total (CBT).
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (+3,1%) y Transporte (+3%).
La medida de fuerza tendrá impacto en todos los niveles educativos y en todo el país. En Salta, la Asociación Docente Provincial y AMET confirmaron que participarán de la protesta.
El beneficio se otorga a través del Banco Nación y devuelve el 100 por ciento de las compras hechas por la app BNA+ MODO. Crecen las críticas por su timing electoral.
Las ventas minoristas pymes volvieron a caer en septiembre, con una retracción del 4,2% interanual y del 2% respecto de agosto. Sigue retraído el consumo por falta de crédito y expectativas divididas sobre la evolución de la economía.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario fueron hallados culpables. Los dos internos del penal y familiares de alojados en Villa Las Rosas recibieron penas de entre 1 y 9 años y 6 meses.
El prosecretario de Finanzas de UTM denunció que el jubilado secretario general habría utilizado dinero del gremio para otorgarse préstamos a sí mismo, a su hijo y a otros dirigentes, sin autorización de la comisión directiva.
La genetista que fue presentada como perito de parte por la defensa de los acusados ratificó los informes realizados en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y contó que renunció por presiones y amenazas.