
La mujer, junto a otras tres personas, adquirían, fraccionaban y vendían sustancias ilegales en el domicilio investigado, incluyendo la participación de un menor de edad en las transacciones.
Un chofer de ambulancia, su pareja y otros tres cómplices fueron detenidos en Cafayate, cuando participaban del traslado de la droga. Un sexto cómplice logró huir.
Policiales


A requerimiento del Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, a cargo de la fiscal subrogante Josefina Martínez Vázquez, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, formalizó la investigación penal seguida contra cinco personas que quedaron detenidas con prisión preventiva, acusadas de transportar 25 kilos de marihuana en uno de los dos autos en los circulaban por la localidad de Cafayate.


Se trata de Enzo Javier Gutiérrez -quien es chofer de ambulancia-; su pareja, Mara Antonella Di Bez; Luis Benjamín Vicente; Emiliano Tapia y Luciano Cancino, quienes fueron imputados por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
También por pedido de la fiscalía, el magistrado dictó la prisión preventiva de todos los acusados, como así también autorizó una serie de pericias requeridas para avanzar con la investigación del hecho, descubierto el sábado pasado a la madrugada, en la ruta 68, a la altura del paraje Tía Jacinta, en Cafayate.
El caso
Al presentar el caso, la fiscal Martínez Vázquez -asistida por el oficial mayor Facundo Manzur- relató que a la altura del kilómetro 39 de la mencionada ruta, personal de Gendarmería Nacional, que llevaba el control vehicular de rutina, detuvo un automóvil Renault Logan que circulaba de norte a sur con cuatro ocupantes, seguido de otro rodado de la misma marca, pero con dos pasajeros.
Los gendarmes les pidieron a los ocupantes del primer auto que desciendan, circunstancias en que uno de ellos, Vicente, intentaba ocultar un equipo de comunicación tipo handy, por lo que los efectivos se le acercaron. Esa situación fue aprovechada por el conductor del auto para salir corriendo en dirección al monte.
Dada la oscuridad, pues el procedimiento se registró a las 4 de la madrugada, y pese a que su fuga fue reportada, no se pudo dar con el prófugo.
Por instrucciones de la fiscalía, en ese momento ambos rodados y los cinco ocupantes que quedaban fueron trasladados hasta la base de esa fuerza federal en Cafayate, donde se prosiguió con el procedimiento.
Del primer auto, en el que viajaban Vicente, Tapia y Cancino, se incautó el handy, mientras que en el baúl del segundo vehículo se descubrieron y quedaron secuestrados 24 paquetes de marihuana con un peso de 25 kilos. También se pudo advertir que en la cabina de ese auto, había otra radio handy.
Los argumentos de la fiscalía
La fiscal sostuvo que Gutiérrez, quien era el conductor del rodado en el que iba la droga, manifestó de manera espontánea que le habían pagado para ser el transportista y que los ocupantes del primer vehículo eran los que iban guiándolo, modalidad conocida como “coche puntero”.
En virtud del resultado del procedimiento y las numerosas pruebas reunidas, la fiscal formalizó la imputación penal y requirió la prisión preventiva de todos los acusados, la que fundó en el riesgo de fuga y entorpecimiento procesal, como así también resaltó la imposibilidad de que los imputados, dada la escala penal, puedan acceder al beneficio de ejecución condicional de la condena que podría recaer en su contra.
Destacó también la gravedad del hecho, la naturaleza del mismo, la logística implementada por los imputados, quienes se coordinaron en distintos roles para garantizar el éxito de la operación de tráfico de la droga, aspecto que, según dijo Martínez Vázquez, “no puede pasar desapercibido, pues el accionar desplegado, claramente evidencia que no fue un hecho improvisado, sino planificado por una organización narcocriminal que está por detrás”.
En razón de ello, solicitó que todos los acusados permanezcan detenidos en virtud de que restan numerosas diligencias, pues la investigación “se encuentra en un estado embrionario”. En ese marco, solicitó autorización para avanzar con las pericias pendientes.
La postura de las defensas y la declaración del ambulanciero
A su turno, las defensas de los acusados que iban en el auto con la droga, no discutieron la imputación, sino que más bien atacaron el pedido de prisión preventiva efectiva, contra la cual propusieron medidas de morigeración, tales como la libertad con aplicación de medidas sustitutivas y el arresto domiciliario.
En ese marco, Gutiérrez pidió declarar en la audiencia y confirmó que accedió a transportar la droga pero que lo hizo apremiado por una supuesta deuda de dinero que mantenía con la persona que le encomendó la tarea. A su vez, enumeró una serie de inconvenientes económicos, de los cuales buscaba salir con su trabajo como chofer de ambulancia de un centro terapéutico local.
Asimismo, afirmó que su pareja, Di Bez, desconocía lo que llevaba en el baúl, aspecto que la misma joven -quien también declaró- sostuvo estar ajena, pues según explicó, Gutiérrez sólo le había dicho que iban a viajar a Tucumán para visitar a unos amigos.
La defensa de los otros tres imputados -que no rebatió la incriminación hecha por Gutiérrez hacia sus defendidos- se concentró solamente en negar el vínculo con el segundo vehículo, dando por descartado que las radios tipo handy sean un elemento vinculante entre ambos rodados.
Al rebatir los argumentos defensistas, la fiscalía resaltó la gravedad del hecho, la fuga del conductor del primero vehículo, el estado incipiente del caso con medidas de pruebas aún en curso e insistió con que, a medida que se avance con la investigación, se podrá establecer el rol de cada uno de los acusados.
Reiteró que el accionar denota la existencia de una organización más importante por detrás y consideró que la marihuana secuestrada era una cantidad de droga considerable, oportunidad en la que destacó el grave daño a la salud pública que representa el delito frustrado.
Expuestos los planteos, el juez Bavio coincidió con la fiscalía en la imputación, al sostener que la representante del Ministerio Público Fiscal logró establecer el grado de probabilidad necesario para esta etapa del proceso, incluso para justificar también la prisión preventiva de todos los acusados, aunque en el caso de Di Bez, dispuso que lo sea bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La mujer, junto a otras tres personas, adquirían, fraccionaban y vendían sustancias ilegales en el domicilio investigado, incluyendo la participación de un menor de edad en las transacciones.

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