
Luego de no alcanzar acuerdo entre gremios y empresarios, el Ejecutivo determinó por decreto el nuevo valor de la prestación mínima.
El senador nacional y exgobernador de Salta pretendía que el motor de búsqueda lo desvincule de causas por corrupción pero la justicia federal desestimó la demanda y lo obligó a pagar casi dos millones.
SaltaBajo un estricto silencio, el senador nacional Juan Carlos Romero promovió ante el Juzgado Federal Civil y Comercial 4 de Buenos Aires una acción de habeas data contra Google INC a fin de que se le ordene al motor de búsquedas más famoso la eliminación de archivos, registros, bases o bancos de datos que lo vinculen a causas de delitos de corrupción.
El escrito que presentó el exgobernador de Salta relataba que el mismísimo Romero decidió realizar una búsqueda en internet con su nombre y apellido y observó que "existe información falsa que le ocasiona un gravísimo daño personal" porque "lo vinculan con actividades delictivas de suma gravedad, con las que no sólo no tiene ninguna relación, sino que además la información allí alojada no se compadece con la realidad, ya que es falsa".
Entre numerosas capturas que presentó, señaló que le molestaba particularmente que la búsqueda lo derivara al sitio Wikipedia que lo vincula con "actividades delictivas con las que nunca tuvo nada que ver".
"Se afirma en forma enfática que como senador debió enfrentar una decena de causas por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y negociados durante su paso por la Gobernación Provincial de Salta en los años 1.995 y 2.007 y apropiación de tierras, llevando uno de esos hechos (no se especifica cual, porque no existe) a que la justicia salteña solicite su desafuero", dice textualmente la demanda contra el gigante informático.
En el habeas data, también refiere a que "en forma irresponsable se afirma que realizo negocios con el narcotráfico y estar vinculado con el mismo, lo que resulta un verdadero disparate, entre otras graves falsedades que se alojan en dicha página".
Después de contar que envió una carta documento con fecha 11 de febrero de 2020, a través de la cual intimó a Google Inc. a efectuar todas las medidas técnicas "a los fines de hacer cesar el grave daño ocasionado, la cual fue recibida por la demandada y no tuvo respuesta al día de la fecha" es que presentó la demanda en la justicia.
Sin embargo, el Juez Civil y Comercial Federal 4, José Luis Cassinero, rechazó la demanda de Romero y, no conforme con el revés, le impuso las costas de las intervenciones letradas como la de los peritos informáticos que corroboraron que los señalamientos de internet no reflejaban más que la realidad.
Por perder la demanda que el mismo inició, el senador nacional por Salta deberá pagar casi dos millones de pesos.
Luego de no alcanzar acuerdo entre gremios y empresarios, el Ejecutivo determinó por decreto el nuevo valor de la prestación mínima.
Desde las 8 de la mañana de este viernes y hasta unra hora después del cierre de los comicios del domingo, rige la veda electoral. Se espera que a las 19 ya se conozan los resultados.
El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Delitos Económicos, a partir de la denuncia de una persona que vinculó la mercadería con una presunta maniobra de clientelismo político.
Los datos corresponden a la semana entre el 20 y 26 de abril regitradas por el Minsiterio de Salud de Salta. El rango etario más afectado son los niños, de 5 a 9 años.
El Intendente de Salta expresó el apoyo a la candidatura de Bernardo Biella como representante en el senado provincial por el Departamento Capital.
El Concejo capitalino aprobó modificaciones a la Ordenanza 14.530 y, de esta manera, los deudores alimentarios no podrán autorizar inscripciones y realizar habilitaciones, entre otras acciones.
El Intendente de Salta expresó el apoyo a la candidatura de Bernardo Biella como representante en el senado provincial por el Departamento Capital.
Los datos corresponden a la semana entre el 20 y 26 de abril regitradas por el Minsiterio de Salud de Salta. El rango etario más afectado son los niños, de 5 a 9 años.
El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Delitos Económicos, a partir de la denuncia de una persona que vinculó la mercadería con una presunta maniobra de clientelismo político.