
La medida busca atenuar el impacto inflacionario hasta después de las elecciones del 26 de octubre y sostiene el esquema de postergaciones aplicado en los últimos años.
La comisión investigadora sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA no logró constituirse en Diputados por un empate en la votación para elegir a su presidente. La salteña votó con La Libertad Avanza.
ArgentinaEl intento de conformar la comisión especial que investigará al presidente Javier Milei por la promoción de la criptomoneda $LIBRA fracasó este miércoles en Diputados, luego de un empate 14 a 14 en la votación para definir a su presidente. La legisladora salteña Yolanda Vega, de Innovación Federal, votó junto al oficialismo y sus aliados, impidiendo que la oposición logre la mayoría necesaria.
La reunión, convocada a las 10:30 de la mañana, se desarrolló tras la extensa interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el día anterior. Allí, La Libertad Avanza propuso a Gabriel Bornoroni como titular de la comisión, moción respaldada por el PRO. En respuesta, Unión por la Patria postuló a Sabrina Selva con el apoyo del resto de la oposición.
La votación finalizó en un empate técnico: 14 votos del oficialismo y aliados contra 14 de la oposición. Ese resultado impidió la designación de autoridades y dejó en suspenso el inicio formal de la comisión investigadora.
La comisión especial tiene como mandato esclarecer los hechos vinculados a la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte de Milei desde su cuenta de X el pasado 14 de febrero. Además de la responsabilidad del Presidente, se buscará determinar el grado de implicación de su hermana Karina Milei, del vocero presidencial Manuel Adorni, del ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios nacionales.
El cuerpo legislativo contará con atribuciones para solicitar informes a organismos públicos y privados, citar a funcionarios, recibir denuncias y tomar testimonios. Incluso podría requerir la comparecencia del propio Presidente y de su entorno más cercano. El plazo de trabajo será de tres meses, al cabo de los cuales deberá presentar un informe con conclusiones y dictámenes ante la Cámara de Diputados.
La medida busca atenuar el impacto inflacionario hasta después de las elecciones del 26 de octubre y sostiene el esquema de postergaciones aplicado en los últimos años.
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