
La medida busca atenuar el impacto inflacionario hasta después de las elecciones del 26 de octubre y sostiene el esquema de postergaciones aplicado en los últimos años.
Lo anticipó el diputado Esteban Paulón, quien anunció además que denunciará a un influencer libertario que inició una campaña discriminatoria en su contra.
ArgentinaEn el marco de las presentaciones de cuestiones de privilegio, el diputado Esteban Paulón enumeró los insultos que lanzó el presidente de la Nación, particularmente contra una serie de periodistas, entre los que mencionó a María O’Donnell, Julia Mengolini y Romina Manguel, razón por la cual anticipó que pedirán la remoción de la diputada libertaria Emilia Orozco de la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión.
“Si un rol tiene que jugar este Congreso, en este contexto de agresividad y violencia contra la Libertad de Expresión, es que la esté reunida defendiendo a los que están siendo atacados, dándoles espacio, voz, acompañándoles, porque la Libertad de Expresión no es un patrimonio de los periodistas, es un valor de la democracia, es un valor que nos permite seguir viviendo en democracia. Y no podemos estar en una comisión que no se reúne nunca”, expresó.
Así las cosas, consideró que “esta comisión tiene que reunirse, hay que cambiar la p residencia”, por eso dijo que eso impulsará junto a las diputadas Mónica Frade, Christian Castillo y Carolina Gaillard.
Asimismo anticipó que presentará personalmente una denuncia contra “un asiduo participante del streaming Carajo”. No lo mencionó con nombre y apellido, pero dijo que es alguien que no registra pago de impuestos desde hace tiempo, “pero evidentemente tiene algunos ingresos”.
"Se trata de alguien que hace unos días inició una campaña en su cuenta en la que me acusa por mi orientación sexual, por ser gay, de pedófilo, y me desea ‘sida para vos’. Un ataque inadmisible, no por mí, que soy diputado y me puedo defender, sino por las miles de personas que leyendo esa publicación sienten que sus vidas no valen”, señaló.
La medida busca atenuar el impacto inflacionario hasta después de las elecciones del 26 de octubre y sostiene el esquema de postergaciones aplicado en los últimos años.
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