La Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría y giró al Senado, en una sesión especial, el proyecto que reforma la ley de integración socio urbana de barrios populares, aprobada en 2018, y prorroga por diez años la suspensión de los desalojos que vencen el próximo 15 de octubre.

El plenario legislativo aprobó por 227 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos votos negativos de Francisco Sánchez, del Pro, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad.

Las tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-JXC).

El diputado nacional por Salta, Lucas Godoy, fue miembro informante y durante su intervención resaltó que esta política pública se debe desarrollar con continuidad a largo plazo con el fin de brindar soluciones que proponen generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares. 

“Los vecinos son quienes merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado”, señaló Godoy y sostuvo que gracias al relevamiento del ReNaBaP se determinó que el 68% de los barrios populares no accede formalmente a la energía eléctrica, casi el 90% no accede al agua corriente, al servicio de agua cloacal ni al gas natural. 

Por último, afirmó que el 25% de las obras públicas que se realicen en la zona deben ser ejecutadas por cooperativas y trabajadores de la economía popular.