Los hechos fueron advertidos por la red social X (ex Twitter). El material se distribuía a través del servicio de mensajería instantánea de ésta y otras redes.
Ataque a la niña wichí: investigan a tres sospechosos más por el caso
Ante la posible participación de mayores, se ordenó la identificación de las personas que habrían estado con la víctima horas antes de que fuera encontrada en la vía pública.
PolicialesEl Ministerio Público Fiscal publicó un informe sobre el ataque que sufrió una menor en Santa Victoria Este y detalló que el 3 de noviembre, a las 7:30, un miembro de la comunidad wichi de Bajo Grande, denunció que encontró a su hija de 12 años en una senda, tendida en el suelo con manchas sanguinolentas en el cuero cabelludo.
Posteriormente fue trasladada hasta el hospital de Alto La Sierra en el móvil policial junto a un enfermero. Sostuvo el denunciante que ante la mejoría de su hija, logró preguntarle quien la había golpeado, y ella le señaló a un menor de edad como el autor de la lesión.
A las 18 del mismo día, la Policía remitió vía mensaje de texto copia de la denuncia al Fiscal Penal de Salvador Mazza Armando Cazón, quien, ante el contenido de la misma, solicitó que se dé inmediata intervención al Juez de Menores de turno, puesto que solo se indicaba como posible responsable a un menor de edad, y conforme el Régimen Penal de Menores, es a este último a quien corresponde la dirección de la investigación.
En el comunicado, el Ministerio Público Fiscal señaló que luego de surgir la presunción de un posible ataque sexual en función del examen médico practicado a la víctima, alrededor de las 23.00 horas, la fiscal Gabriela Souto, interinamente a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género de Tartagal, es puesta en conocimiento de los hechos sucedidos por un llamado del Juez de Menores a cargo, articulando inmediatamente comunicación con el personal policial de Alto La Sierra. En idéntico sentido, dispuso que el auxiliar de la fiscalía se constituya al Hospital de Tartagal a fin de informarse sobre el estado de salud de la menor y la posible sospecha de abuso sexual.
Ese mismo día, casi sobre la medianoche, y luego de reunir la información correspondiente, la Fiscal se contactó nuevamente con el personal policial actuante y tomó conocimiento de que la Secretaria del Juzgado de Menores dispuso distintas diligencias en torno al sospechoso y a la investigación. En tal sentido, agrega el comunicado, "y ante un hipotético caso de intervención de otras personas mayores de edad, pidió también expresamente al personal policial tareas de pesquisas y de campo, para la individualización de todos los sujetos que pudiesen haber estado reunidos previamente con la menor, como así también arbitrar los recaudos necesarios para lograr mayor eficiencia en la toma de muestras biológicas para un futuro cotejo genético".
La fiscal Gabriela Souto, efectuó presentaciones al Juzgado de Menores que lleva a cabo la investigación en las que solicitó que se practiquen diversas medidas investigativas: inspección ocular y croquis ilustrativo del lugar del hecho, levantamiento y secuestro de prendas de vestir de las personas que estuvieron en la reunión del 3 de noviembre a la madrugada, y que se registre todo con muestras fotográficas. Asimismo, se puso a disposición del Juez el equipo de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (psicólogas y trabajadoras sociales) a los fines de entrevistar y asistir al padre y a la niña víctima y que se fije audiencia de declaración en cámara Gesell a la niña, cuando su estado de salud así lo permita. Requirió además, que se de intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno y al Juzgado de Violencia Familiar y de Género.
También dispuso que una psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal, proceda a brindar asistencia y contención a la niña víctima y a sus familiares, constituyéndose en el nosocomio local.
Finalmente, en la tarde del pasado lunes 7 de noviembre, y teniendo presente la limitada estructura y recursos de investigación con que se cuenta en el Distrito Judicial del Norte, a partir del ofrecimiento voluntario efectuado desde la Procuración General para colaborar con la investigación a cargo del Juzgado de Menores, viajó hacia la ciudad de Tartagal un equipo de investigación especializado en Delitos contra la Integridad Sexual y profesionales del Departamento de Criminalistica, correspondiente al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) a fin de dar cobertura y colaboración a la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho.
En tanto, una mujer, que era menor al momento del homicidio, fue declarada responsable por amenazas con armas pero absuelta por el beneficio de la duda como partícipe y coautora del crimen.
Fue durante un control que la Gendarmería Nacional había montado en Pichanal. Rápidamente, el sujeto fue perseguido y capturado.
Los inhibidos son dispositivos específicos para bloquear la señal de cierre del vehículo, dejándolo abierto. Esto evita que se accione la alarma o se produzcan roturas para cometer el delito.
El jefe comunal de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, fue allanado por Gendarmería Nacional en el marco de la investigación abierta por asesinato a balazos del hermano que purgaba una condena.
Un auto que cargaba GNC en una estación de servicios de Orán y explotó tenía el tuvo lleno de cocaína. La mujer policía, quien viajaba con sus tres hijos, quedó detenida.
La Sala de Impugnación rechazó un recurso presentado por el periodista y ex diputado nacional del PRO. A pesar de su negativa, deberá capacitarse en género y pagar una indemnización.
El operativo se realizó por solicitud de la Policía ya que habían sido colocados por malvivientes para impedir el ingreso de móviles de la fuerza.
La empresa de transporte de pasajeros hizo el pedido ante la Autoridad Metropolitana del Transporte basándose en los índices de inflación del Indec. Aunque podía evitarse, habrá llamado a audiencia pública.
La Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia lanzó un alerta por notificaciones que llegan a través de la aplicación de mensajería, simulando provenir del Ministerio Público Fiscal o Poder Judicial.
Es a partir de la renovación de un convenio, que se firmó entre el intendente, Emiliano Durand, y el ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez. El objetivo es disminuir la tasa de siniestralidad.