
En septiembre, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 1.176.852 para no caer debajo de la Canasta Básica Total (CBT).
Se trata de un proceso que se inició en 2018 cuando el Congreso aprobó la legalización del aborto y, en paralelo, se reclamó la separación de la institución religiosa con el Estado.
ArgentinaLa Conferencia Episcopal Argentina publicó un comunicado en el que anunció que el 31 de diciembre, último día del 2023, concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años para la renuncia a la asignación mensual que recibían los arzobispos y obispos de todo el país. De este modo, la Iglesia Católica ya no recibirá el aporte económico del Estado.
“La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950″, detallaron en la página oficial.
El artículo 2 de la Constitución establecía que el gobierno federal debe sostener al culto católico y, además, la ley 21.950 de 1979 estableció que los arzobispos y obispos debían cobrar una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración del juez nacional de primera instancia.
Retiro del aporte económico
Cuando se debatió la legalización del aborto en el 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, también se reclamó la separación del Estado de la Iglesia, que implicaba el retiro del aporte económico. En ese contexto, la Iglesia anunció el inicio de un proceso para renunciar al aporte y puso en marcha un plan para su completo autosostenimiento en base a la contribución de sus fieles.
Finalmente, la renuncia al aporte del Estado fue aprobada en un plenario de obispos en 2018 por mayoría: “Esta renuncia es un gesto que hemos anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad en general ante los cuáles hemos empeñado la credibilidad de nuestra palabra”.
En septiembre, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 1.176.852 para no caer debajo de la Canasta Básica Total (CBT).
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (+3,1%) y Transporte (+3%).
La medida de fuerza tendrá impacto en todos los niveles educativos y en todo el país. En Salta, la Asociación Docente Provincial y AMET confirmaron que participarán de la protesta.
El beneficio se otorga a través del Banco Nación y devuelve el 100 por ciento de las compras hechas por la app BNA+ MODO. Crecen las críticas por su timing electoral.
Las ventas minoristas pymes volvieron a caer en septiembre, con una retracción del 4,2% interanual y del 2% respecto de agosto. Sigue retraído el consumo por falta de crédito y expectativas divididas sobre la evolución de la economía.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
El Procurador General de Salta solicitó la intervención de peritos federales especializados en criminalística, incendios e informática para avanzar en la investigación por la muerte del excomisario.
La genetista que fue presentada como perito de parte por la defensa de los acusados ratificó los informes realizados en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y contó que renunció por presiones y amenazas.
La ministra Cristina Fiore confirmó que la cartera se constituirá como querellante en las causas judiciales vinculadas a la red de trata que operaba en colegios y por la que hay ocho imputados.