Es la segunda pena que recibe el ex magistrado federal de Orán. En este caso, deberá cumplir una pena de cinco años de prisión por cobrar una coima para beneficiar al capo narco.
Salta: condenan a una mujer por trata de personas y explotación laboral
Las víctimas son adolescentes que habían sido captadas en una mina de Potosí para su traslado a Buenos Aires, donde iban a ser explotadas en un taller textil.
PolicialesEl Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a Rosse Mary Aguilar García a una pena de 10 años de prisión por el delito de trata de personas. La sentencia, dictada por la jueza Gabriela Elisa Catalano, también incluyó una indemnización de $2.628.816 pesos para cada una de las tres víctimas involucradas en el caso.
La acusación contra Aguilar García se basó en su participación en una red de trata de personas, agravada por la vulnerabilidad, la cantidad y la minoridad de las víctimas, así como por el número de imputados intervinientes. La modalidad del delito fue identificada como captación y traslado de las víctimas.
Esta condena marca el tercer fallo relacionado con el caso, sumándose a las sentencias previas contra su pareja, Braulio Armella Mamani, y su hija Karla Yoselín Mamani Aguilar. La fiscalía, representada por Paula Gallo y Vanina Pedrana, destacó que la investigación se inició tras un control realizado a un colectivo en el puesto El Naranjo, en Rosario de la Frontera, donde se detectaron irregularidades en la documentación de las pasajeras, entre ellas menores de edad sin la autorización correspondiente de sus padres.
Según los detalles expuestos durante el juicio, Aguilar García fue la responsable de captar a tres adolescentes que trabajaban en una mina en Potosí, Bolivia, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Con la complicidad de su pareja, las trasladaron ilegalmente hasta Buenos Aires, ofreciéndoles trabajo en un taller textil bajo condiciones de explotación laboral.
Las víctimas, en declaraciones por circuito cerrado de televisión, relataron cómo fueron persuadidas por la pareja para aceptar la oferta laboral, que incluía jornadas extenuantes y un pago irrisorio. La fiscalía argumentó que esta situación evidenciaba claramente el fin de explotación laboral.
En el momento de evaluar la pena, la fiscalía solicitó una condena de 10 años de prisión para Aguilar García, pero bajo la modalidad de cumplimiento domiciliario debido a su responsabilidad como única cuidadora de sus hijos menores. Este planteo fue aceptado tanto por la defensa como por la acusada, allanando el camino para la sentencia final.
La jueza Catalano, coincidiendo con los argumentos de la fiscalía, otorgó la indemnización solicitada para las víctimas y ordenó el decomiso de bienes relacionados con el delito, incluyendo un automóvil, $20 mil y materiales textiles secuestrados en un inmueble vinculado a la red de trata, que habían sido secuestrados en un inmueble de Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires, que fue desmantelado tras la detención de Armella Mamani.
Ocurrió en dependencias de la Brigada de Investigaciones. En un primer hecho quedó registrado por las cámaras pero no fue habido, y dos días después, fue sorprendido cuando realizaba igual maniobra.
La policía allanó dos domicilios vinculados a un hombre investigado por la supuesta comisión de la actividad ilícita. Se produjo su detención y se secuestraron elementos informáticos.
Se trata de enlaces patrocinados que aparecen luego de realizar una búsqueda en Internet y que a través de páginas clonadas, obtienen datos personales de los usuarios para luego cometer estafas.
El hombre ordenó a la mujer, que se desempeñaba como soldado voluntaria, que lo acompañara hasta el anexo del Casino de Sub Oficiales, en donde la abusó. La víctima lo golpeó con su casco y logró huir.
La menor de 14 años, que estaba bajo la custodia de su abuela, reside en la localidad de Dragones. Hay indicios de que podría encontrarse en la frontera o en Bolivia.
Por el Milagro, la Municipalidad anunció cortes y filtros de tránsito
El pasaje, que está a $690 desde fines de mayo, aumentaría otro 44,2%. El encarecimiento, respecto de los $110 con que arrancó el año, sería del 804,5%.
A través de una investigación interna, detectaron que los agentes municipales actuaron en connivencia con un centro médico, con el objetivo de evadir trámites para la obtención de la licencia de conducir.