En redes sociales, el Gobernador publicó un video y mostró que, por el mismo servicio, un salteño paga una boleta de $190.000 mientras que porteño abona apenas $10.000.
Detuvieron a la abogada que se “atrincheró” en la Cámara de Diputados
El Juzgado de Garantías, a cargo de Ignacio Colombo, ordenó la detención domiciliaria de las abogadas que denuncian que las apartaron de sus cargos y que se habían encerrado en uno de los anexos.
Salta
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, interviene en la causa que tomó estado público a través de los medios de comunicación, luego de que dos mujeres se atrincheraran en las oficinas de la Cámara baja, ubicadas en calle Rivadavia 747 de la ciudad de Salta. Se trata de la exjefa del Área Jurídica de la Cámara de Diputados y de una colaboradora, quienes durante este martes habrían impedido la toma de posesión de las nuevas autoridades.
Según precisaron de manera oficial, el fiscal intervino luego de que las autoridades de la Cámara convocaran a personal policial después de que la jefa del área jurídica de la Cámara, Liliana Hermosilla, decidiera "atrincherarse" porque fue notificada para dejar el cargo de planta permanente que ostenta.
Inicialmente, Hermosilla como otra abogada mantuvieron dialogo con una auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal 2 y con un mediador. Posteriormente, también charlaron con el Secretario Legislativo de la Cámara, Gastón Galíndez.
Luego de que no se produjeran avances en el diálogo, en horas de la noche, fue solicitado al Presidente de la Cámara de Diputados el ingreso de personal policial del GOPAR, de Bomberos y del SAMEC, con asistencia psicológica y psiquiátrica para ambas mujeres.
Sobre el caso, el fiscal precisó que según las testimoniales obtenidas, la mujer no fue cesanteada, sino removida de la jefatura del Área Jurídica, ya que forma parte de la planta permanente y seguirá afectada al servicio.
Luego de que el Juzgado de Garantías 2 hiciera lugar al pedido de detención, ambas mujeres cumplen arresto domiciliario y serán imputadas por los delitos de turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional, ya habrían impedido el ingreso a oficinas y documentos pertenecientes al área legal del Poder Legislativo, como así también el acceso a los documentos y registros obrantes en dicho sector a las nuevas autoridades asignadas por las autoridades electas.
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