La Unidad Fiscal conformada por la fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres y el fiscal penal 2 de la ciudad de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, imputó en forma provisional al Director General de Políticas Penales, Ángel Augusto Sarmiento, como autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificado en perjuicio de la administración pública.

El hecho investigado ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando Darío Esteban Monges se hizo presente en la unidad penitenciara de la ciudad e Orán, identificándose como asesor del Ministerio de Seguridad, nombrando al entonces Secretario y solicitó entrevistarse con el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz.

Al no poder acreditar la identidad invocada, se realizaron consultas y el Director General de Políticas Penales, dispuso que se autorice el ingreso del supuesto asesor, quien no reunía las condiciones declamadas para dicha petición, procurando entrevistarse con un interno privado de su libertad, fuera de horario, día y extremos de procedencia que habiliten dicho ingreso, acceso que fue concedido y se concretó ese mismo día.

De lo que se tiene entonces, que él mismo habría dictado una orden que fue ejecutada por el personal del Servicio Penitenciario, excediendo el ámbito funcional inherente a su cargo, comprometiendo la seguridad general de la institución carcelaria, al habilitar el ingreso de un individuo cuya identidad y personería invocada no verificó personalmente, y que a la postre fue constada como falsa. Es dable señalar que, aún para el caso de que el peticionante hubiera ostentado el carácter invocado, lo cierto es que la determinación que habilite el ingreso de visitantes a una unidad carcelaria, exorbita el ámbito de competencia que le fuera asignado.

Además está acusado de, a través de una nota periodística, haber contrariado la disposición de Reserva Total de las actuaciones dictada por el Fiscal Interviniente, comprometiendo la marcha regular de la investigación en curso por el homicidio de Monges y poniendo en riesgo la seguridad del establecimiento carcelario, la integridad personal del interno y la identidad y seguridad del personal policial interviniente.

El acusado estuvo acompañado de un defensor particular, y tras conocer la imputación en su contra se abstuvo de declarar y desde la Fiscalía se le dio acceso a las copias de las actuaciones obrantes en la causa.