Durante una inspección de efectivos de Gendarmería en Tucumán, hallaron un doble fondo en una camioneta que contenía 80 paquetes con la droga.
Prometió trabajo a 52 personas, los estafó y deberá pagarles un millón
En juicio abreviado José Elías Cervantes, de 54 años, fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor penalmente responsable del delito de estafas reiteradas.
Policiales
Cervantes fue denunciado por cincuenta y dos víctimas a las que les solicitó una suma entre mil doscientos y dos mil quinientos pesos para armar legajos y realizar exámenes preocupacionales con la promesa de un trabajo de importancia como jefes o encargados dentro de una empresa constructora de viviendas que se radicaría en la zona de Embarcación.
Las estafas sucedieron entre mayo y julio de 2021. Había montado una oficina en Hipólito Yrigoyen, y las víctimas eran de esa localidad, de Tartagal y de zonas aledañas.
El juez Héctor Fabián Fayos, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, aceptó el pago a las víctimas de la suma de un millón de pesos en concepto de reparación del daño, que será repartida en partes iguales.
El hombre deberá fijar domicilio y no cometer nuevo hecho delictivo. En caso de no hacerlo podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena impuesta, que sería de cumplimiento efectivo.
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Por el peligro que representa el detenido tras permanecer más de cinco años prófugos, el Ministerio de Seguridad de la Provincia había requerido llevarlo a un penal de máximo seguridad fuera de Salta.
La denuncia fue realizada por el Ente Regulador del Juego de Azar. Pese a la advertencia del organismo, el hombre habría insistido en su conducta.
El hombre fue condenado por los tres hechos en los que se lo acusaba de abuso sexual. Las víctimas al momento de los hechos, se desempeñaban como choferes de línea.
Con más de 50 allanamientos simultáneos, la policía desbarata distintas bandas delictivas que operaban robando cables, ganado, cítricos e ingresando a viviendas. Hay detenidos y secuestro de elementos.
En la causa por distribución de material de abuso sexual, la evidencia digital complicó al detenido y de la madre de las menores de edad, quienes intercambiaban diálogos y fotografías a cambio de dinero.
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