![Narcopolicías I](/download/multimedia.normal.a256620c866eef67.TmFyY29wb2xpY2nMgWFzIElfbm9ybWFsLmpwZWc%3D.jpeg)
La jueza dictó la prisión preventiva por 120 días de los acusados. Les imputaron el delito de transporte de estupefacientes doblemente agravado, por la intervención de tres personas y por tratarse de funcionarios públicos.
Según la acusación, la mujer era quién estaba junto a la joven que murió tras el estallido de una cápsula de droga que transportaba en su estómago, en junio de 2022.
PolicialesTras la intervención en una audiencia de los fiscales auxiliares Jorge Viltes Monier y Mariana Gamba Cremaschi -ambos de la PROCUNAR NOA-, la jueza federal de Garantías N°2 Mariela Giménez hizo lugar a la formalización de la investigación penal planteada contra Jessica Nahir Figueroa, en el marco de una causa por el homicidio de una mujer que había ingerido cápsulas con cocaína, ocurrido en junio de 2022.
La mujer de 32 años fue señalada como coautora de los delitos de "transporte de estupefacientes y homicidio agravado por 'criminis causae' [para ocultar otro delito]". Además, la magistrada federal dictó la prisión preventiva de la acusada al analizar los indicadores de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, en línea con los argumentos expuestos por la fiscalía. Ponderó también la gravedad y la naturaleza del hecho.
El caso
De acuerdo a la investigación repasada por el MPF, el 19 de junio de 2022, Figueroa y la joven -que había ingerido 74 cápsulas equivalentes a un peso de 749 gramos de cocaína- estaban realizando un viaje camino a la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña. La víctima, por su estado de vulnerabilidad, era utilizada por la acusada para traer droga desde Salvador Mazza a Salta y luego a Chaco.
Cuando se encontraban en la localidad de Metán, la joven comenzó a sentirse mal, lo que habría llevado a que desistieran de seguir con el viaje. Tras esto, la mujer llamó al remisero Andrés Ángel Gutiérrez (cuya situación ya fue elevada a juicio oral) para que las vaya a buscar a la localidad de General Güemes aunque luego acordaron que el encuentro sea en la terminal de ómnibus de Salta, de donde finalmente las retiró. De allí se dirigieron a una casa que la imputada tenía rentada en la zona del macrocentro de la ciudad, donde la víctima quedó resguardada.
En ese estado, la joven se despidió de su hija a través de mensajes vía WhatsApp y falleció horas después. En este punto, los auxiliares fiscales señalaron que la acusada no atinó en ningún momento a preservar la salud de la víctima, lo que podría haber hecho al acercarse a cualquier centro asistencial en Metán. “Lo único que le importaba era que no se descubriera el transporte de droga”, sostuvieron.
Los representantes del MPF señalaron que, tras el fallecimiento, salió de la vivienda y comenzó a recorrer lugares para "deshacerse" del cadáver. Junto al remisero, llevaron el cuerpo de la víctima hasta la vera de la Ruta Provincial N°26, donde fue encontrado el 21 de junio de 2022, a las 8:44.
Tras arrojar el cuerpo, Gutiérrez llevó a Figueroa hasta la terminal de ómnibus, donde la mujer abordó un micro y se dio a la fuga. Fue detenida el miércoles 23 de agosto en la terminal de micros de Córdoba por personal de la Policía Federal que revisó su documentación y descubrió que tenía pedido de captura
El auxiliar fiscal Viltes Monier explicó durante la audiencia que Figueroa está sindicada como la persona que acompañaba a la joven que se encontraba en estado de vulnerabilidad y que había sido captada para el transporte de estupefacientes bajo la modalidad de “capsulera”.
Sostuvo que la acusada tenía con un rol preponderante dentro de una organización narcocriminal dedicada al transporte de cocaína, concretamente desde la localidad de Salvador Mazza, en Salta, hasta la ciudad de Roque Saenz Peña, en la provincia de Chaco. Explicó entonces que esa ruta se hacía a través de viajes en colectivos de larga distancia y que era clave la utilización de personas vulnerables, como el caso de la víctima.
Una vez captada, la persona era conminada a ingerir cápsulas de cocaína, lo que convertía a la acusada en la “garante” del traslado y la salud de la misma.
Tras describir la plataforma fáctica, la fiscalía solicitó la imputación penal por el transporte de estupefacientes y por el homicidio y requirió entonces que se dicte la prisión preventiva. En este caso, se resaltó el riesgo de fuga dado el comportamiento rebelde mantenido tras el homicidio de la víctima.
En función de ello, y dado que la defensa no presentó objeciones, la jueza resolvió dictar la prisión preventiva de la acusada, como así también autorizó otras diligencias requeridas por la fiscalía en busca del esclarecimiento total del hecho.
La jueza dictó la prisión preventiva por 120 días de los acusados. Les imputaron el delito de transporte de estupefacientes doblemente agravado, por la intervención de tres personas y por tratarse de funcionarios públicos.
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